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Olvidos
voluntarios
Hay comportamientos previsibles y esperados porque se corresponden con
el rol asignado al sujeto que debe realizados. Por igual, hay decisiones
que también son esperadas porque deben ser las tomadas en razón de un
mandato existente que así lo exige. Cuando los comportamientos no son los
esperados y las decisiones no son las que debieron ser tomadas, lo primero
que pensamos es que ha habido un error. Cuando esta situación se repite,
entonces la presunción es que no se ha querido proceder conforme a lo
esperado o establecido, por olvido o decisión, o por un olvido voluntario.
Olvidar voluntariamente lo que tiene que hacerse produce normalmente
graves consecuencias, tanto para la situación que se trata de obviar,
como para las personas que pueden ser beneficiadas o perjudicadas con esta
forma de omisión. El caso es mucho más grave si quien olvida ejerce
funciones de liderazgo o poder político. A continuación paso a señalar
algunos de estos intencionados olvidos. Cuando
los problemas no se solucionan estamos permitiendo que se agraven, que las
soluciones sean muy costosas o que terminen por deteriorar a quién los
padece, o haga imposible su recuperación. Esto es a propósito de la
llamada crisis de los partidos políticos. Aunque aún tenemos un fuerte
sistema de partidos, si no se aprovecha el tiempo para fortalecerlos y
superar sus deficiencias, estaremos contribuyendo a que colapsen, y ya
sabemos por experiencia ajena las consecuencias: a menos partidos no hay más
democracia. Cuando
los acusados por fraudes no son juzgados, y si los que lo son al final no
cumplen las condenas que les fueron impuestas, se está haciendo una
invitación a que lo hagan de nuevo, o a que otros lo hagan por la
impunidad observada. Que ninguna de las personas acusadas en los últimos
veinte años por algún acto de corrupción no esté cumpliendo condena,
no nos dice otra cosa. Cuando
no hay acuerdos, aunque sean mínimos, entre los actores principales del
sistema, entonces todo puede ser discutido. Esta situación se manifiesta
con mayor crudeza en el Congreso Nacional donde se puede someter al mismo
tratamiento de negociación política un préstamo para la construcción
de un tranvía, proveniente de la banca comercial, como un préstamo de
una agencia multilateral de cooperación para Educación Básica. Se
impone, como mínimo, algunos acuerdos básicos, al menos entre los
partidos políticos con representación en el Congreso. Hay
atajos que terminan siendo más largos que el camino regular. Respecto al
mejoramiento cualitativo de la educación y de nuestra competitividad como
país, escuchamos declaraciones sobre decisiones a ejecutarse que en pocos
años nos pondrán a la altura y a nivel competitivo con los países con
mayor desarrollo científico y tecnológico. Conviene recordar que el
sistema educativo es como un edificio que necesita de sólidos cimientos
para el crecimiento de sus niveles superiores. Si por ventajas
competitivas coyunturales debemos poner énfasis en algunos de sus niveles
o modalidad, no debe hacerse en detrimento del resto del sistema. La
educación pública tiene pocos dolientes y quienes deben ser sus
verdaderos dolientes no tienen capacidad para mejorarla, sino sólo para
soportar las consecuencias de su mala calidad. Quienes pueden presionar
para una educación de mayor calidad tienen el problema resuelto, mientras
que quienes sufren las consecuencias de una educación de baja calidad no
tienen capacidad de presión para que sea mejor. Los sectores altos y
medios procuran en el país la mejor calidad educativa para sus hijos en
la educación privada, con la colaboración de la Secretaría de Educación
que exige a los centros educativos privados las condiciones para una
educación de calidad. Sin embargo, la mayoría de la población tiene que
enviar sus hijos a la escuela pública donde la Secretaría de Educación
no dispone de las condiciones mínimas que le exige a la privada para una
educación de calidad. La
negativa de un funcionario público de dar cumplimiento a lo establecido
en una ley es considerado como desacato, pero ya estamos acostumbrados a
que el organismo que estableció la ley, como el que la promulgó, la
violen sin que ni siquiera haya el reclamo de que se está en presencia de
la violación de una ley vigente. Es lo que sucede con la disposición
legal que establece el 16% del presupuesto, o el 4% de PIB, para educación.
La
última de las verdades intencionadamente olvidadas es que la mejor ayuda
que se le puede ofrecer a los pobres para que salgan de su situación son
las políticas sociales, traducidas en servicios adecuados de salud,
educación de calidad, seguridad social, agua potable, transporte público
eficiente, empleos y vivienda. Mientras la mayor parte de los recursos del
presupuesto se orienten al pago de deudas, subsidios no focalizados,
remuneraciones de personal excesivo en la administración pública, y el
gasto social sea mayoritariamente de carácter asistencial, la lucha
contra la pobreza será vigente solo en el discurso.
23
de diciembre 2004 |
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