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Urge
cerrar la brecha de la discrecionalidad
Para que este país pueda avanzar en el ordenamiento
institucional, en la racionalidad en la inversión de los recursos públicos,
en la transparencia y en la reducción de los agobios del rentismo y el
clientelismo, es urgente que encuentre fórmulas que cierren la tremenda
brecha de discrecionalidad con que actúan los gobernantes.
Ese margen tan amplio de facultades para anteponer las conveniencias
personales, grupales y partidarias a las más elementales reglas de la
racionalidad y del supremo interés en los diversos niveles de la gestión
pública tiene que ser modificado con suma urgencia.
Todo comienza por el artículo 55 de la Constitución de la República,
cuyos 27 acápites conceden tan amplias facultades al Presidente, hasta
para incursionar en ámbitos de los demás poderes del Estado, mientras
queda virtualmente sin responsabilidad por las acciones de sus
subordinados. De manera que todos los excesos son justificados en “las
facultades presidenciales”.
Pero la discrecionalidad va mucho más allá en un país donde se
relativizan tanto las leyes, desde las adjetivas hasta las virtuales como
la de la oferta y la demanda y la misma ley de la gravedad.
A cerrar esa discrecionalidad deberían dedicarse las mayores energías de
las instituciones nacionales, públicas y privadas, de las iglesias y sus
mediadores, las de las organizaciones sociales y de los organismos
internacionales.
Para que nunca más ningún gobierno pueda dedicar decenas, cientos y
hasta miles de millones de pesos a comprar autobuses, automóviles,
camiones y cabezotes para distribuir a su discreción y voluntad, aún
entre organismos y entidades que les den uso legítimo. Brecha que suele
ampliarse más para colar el aprovechamiento personal, grupal y partidista.
Eso fue lo que se hizo desde el primer momento con el Programa para
Renovación de Vehículos (Renove), con un alto componente de tráfico,
desde su concepción, contrataciones y compras, hasta la distribución.
Este programa nos parece más reprochable porque es el último, porque sus
heridas están aún abiertas y de sus llagas todavía mana pus que
contamina el ambiente y quita deseos de vivir. Pero todos sabemos que en
casi todos los gobiernos anteriores se han implementado programas para
distribución de vehículos. En el penúltimo se entregaron cientos de
camiones a través del Inespre, y millares de pollitos amarillos y taxis
turísticos, financiados con recursos públicos. Y
¿cuál es la diferencia entre el Renove y los proyectos de apartamentos
de lujo y de clase media alta construidos de grado a grado por gobiernos
anteriores y luego distribuidos entre dirigentes y militantes políticos,
familiares y allegados? Parecerá
más elegante repartir cargos-botellas y becas entre militantes y
familiares, pero es igualmente un abuso de los recursos del Estado,
interesado, político, discriminatorio y generador de corrupción. Solo
la impunidad predominante en el país puede justificar que el director de
un organismo estatal como el Instituto Nacional de Aguas Potables y
Alcantarillado pudiera defender el miércoles el otorgamiento de obras
grado a grado, bajo el alegato de que los concursos se arreglan. Si se
arreglan los concursos públicos, imagínense qué ocurrirá con los
contratos sin ninguna transparencia. Esa
discrecionalidad fue la que utilizó esta semana el exsecretario de la
Presidencia Pedro Franco Badía para justificar reparticiones del Renove.
Mostró un fólder lleno de autorizaciones presidenciales, lo que para él
es suficiente. Desde luego que él hizo su propia inversión, razón por
la cual según sus declaraciones a Edith Febles en El Caribe, salió de la
reciente detención “levantado como un héroe, cantando victoria,
victoria, victoria”.Franco fue más franco aún y proclamó que tiene
respaldo popular por haber cumplió con la militancia “porque yo creé
muchas botellas cuando estaba en el gobierno”. La
modificación del artículo 55 por sí sola justifica una reforma a fondo
de la Constitución de la República. Pero se requiere mucho más que eso,
cambiar la cultura general de que al gobierno se va a repartir y sembrar;
con los de abajo buscando votos, eso que llaman clientelismo; y con los de
arriba buscando financiamiento, el rentismo. Sólo nos fijamos mucho en el
primero, pero el segundo suele salir más caro, aunque los costos son
menos visibles, porque los amarres son más discretos. Por
eso no establecemos normas firmes para las compras y contrataciones del
Estado, y sustentamos que un decreto presidencial lo puede todo, hasta
repartir lo ajeno.-
Juan Bolivar Díaz 26
de noviembre 2004 |
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