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Cumpleaños
feliz: del Peme al Renove
Puede que sean simples coincidencias, pero hay múltiples vasos
comunicantes entre los procesos judiciales abiertos por el Plan de
Renovación del Transporte (Renove) y el Programa de Empleos Mínimos
Eventuales (Peme), y eso de entrada tiene mal augurio, pues presagia otra
burla al sentimiento nacional que reclama sanción a la corrupción.
Lo primero es que los sometimientos del Renove se producen como para
conmemorar el cuarto aniversario de los del Peme, abiertos al comienzo del
gobierno de Hipólito Mejía el 23 de noviembre del 2000, pese a lo cual y
aunque aquel fue un expediente bastante bien fundamentado, todavía no ha
pasado de instrucción y los acusados están todos libres, algunos de
ellos ocupando cargos públicos nuevamente.
Del nuevo expediente todavía no podemos entrar en profundidades, ya que
no lo conocemos. Pero el Renove, al igual que el Peme, ha tenido desde su
inicio un tufo de desorden, tráfico de influencia y comisiones que ha
provocado indignación, reclamos de transparencia y sanciones.
Cuando se conozca el expediente podremos hacernos una idea clara de las
responsabilidades involucradas en la administración de este discutido
programa que ha supuesto un endeudamiento nacional de por lo menos 158
millones de dólares.
Del Peme lo conocimos todo, primero porque se entregó completo al día
siguiente de los sometimientos. Después HOY publicó los interrogatorios
a los implicados, y luego hasta un libro circuló con la documentación.
Hace 4 años fueron 13 los sometidos originalmente, entre exfuncionarios,
dirigentes políticos y empresarios. Varios de ellos luego quedaron
liberados de responsabilidad. Ahora son 10, también exfuncionarios, políticos
y empresarios. En cada caso se involucra a dos exsecretarios
administrativos de la presidencia.
El escándalo del Peme involucró 1,458 millones de pesos. El del Renove
todavía no se sabe con certeza, pero se habla de más de mil millones de
pesos.
Tan pronto se iniciaron los sometimientos hace cuatro años, tanto el
entonces expresidente Leonel Fernández, como los dirigentes del PLD y los
acusados, alegaron que se trataba de persecución política, lo que han
sostenido hasta la fecha. No esperaron a conocer los detalles del
expediente y justo cuando éste se presentaba públicamente el 24 de
noviembre del 2004, se presentaron ante la Procuraduría General en una
airada manifestación que culminó en mayúsculo desorden, excesos
policiales incluidos.
Ya lo vimos el jueves que por igual el expresidente Hipólito Mejía,
dirigentes del PRD y los acusados aducen también que están bajo revancha
política, que se trata de un show y amenazan con responder
proporcionalmente.
Ahora, al igual que hace 4 años, buena parte de la opinión pública
recibe los sometimientos con satisfacción y alienta esperanza de
sanciones, de justicia. También, como en el caso del Peme, los más
responsables reclaman transparencia, toda la información, absoluto apego
a las normas jurídicas, no utilización política del caso.
Alienta el que al frente de la Procuraduría General se encuentre ahora un
abogado y político de las prendas morales del licenciado Francisco Domínguez
Brito. Hace 4 años ocupaba el mismo cargo otro abogado y político
impoluto y con el mérito de haber pasado muchos años en la vida pública,
el doctor Virgilio Bello Rosa, quien hizo esfuerzos porque no se
politizara el proceso, algo siempre difícil de lograr.
Ahora hay una razón adicional para alentar esperanza de justicia, y es
que se supone que con el nuevo Código Procesal Penal los procesos
judiciales serán más ágiles. Tal vez no lleguemos a cuatro años en
instrucción ni se repita el hecho de que los acusados vuelvan al poder
sin que siquiera se iniciara el juicio.
También sería de desear que el procesamiento del Renove arrastre al del
Peme. Por elemental sentido de equidad y justicia. Aunque debe reconocerse
que mientras el último tiene quien lo empuje, el primero parece huérfano.
No lo recuerdan ni las entidades más preocupadas por la corrupción.
Y vale recordar que allí se documentó de todo, que a uno de los acusados
le documentaron casas, apartamentos y vehículos y dinero efectivo por
unos 20 millones de pesos provenientes del Peme, que los implicados
confesaron en los interrogatorios que gran parte de los mil 458 millones
de pesos se destinó a pagar dirigentes y activistas políticos,
transporte para manifestaciones y otras “necesidades partidarias”.
Aquello se manejó como un programa clandestino, en locales ocultos, con
cuentas bancarias irregulares. Se registraron 991 mil 439 cheques
depositados en una misma cuenta secreta, y hasta préstamos a empresarios
para adquirir un canal de televisión.
Definitivamente, mientras esperamos los detalles del Renove, algunos de
los cuales ya han sido denunciados en una auditoría del pasado gobierno,
hay que mantener la esperanza de que esta vez no nos tomen el pelo ni se
burlen de nuevo de los anhelos de justicia de este pueblo.-
Juan Bolivar Díaz 19
de noviembre 2004 |