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Ley
de primarias La
reforma fiscal es un proyecto de ley que se considera importante para el
país y además urgente, pero no tuvo la suerte del proyecto que establece
el sistema de elecciones primarias para los partidos políticos. Mientras
el de reforma fiscal era aprobado el domingo 15 de agosto para perimir de
inmediato por falta de aprobación en ambas cámaras, el de primarias fue
aprobado por los senadores el 3 de agosto y el 15 del mismo mes fue
aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por los diputados, que
de inmediato lo enviaron al Poder Ejecutivo en el último día de su gestión,
para colmo domingo, que, trabajando horas extras, lo promulgó, convirtiéndolo
en ley. La
forma en que fue aprobada y promulgada esta ley debe ser considerada como
indicio de algo turbio. No se trata de un proyecto de ley intrascendente
pues pretende que los candidatos a posiciones presidencial, congresional y
municipal de todos los partidos sean escogidos en elecciones primarias
organizadas por la Junta Central Electoral (JCE) en coordinación con cada
partido, que tales elecciones se efectúen todas el mismo día y que en
las mismas puedan votar todos los ciudadanos inscritos en el padrón
electoral sin importar si pertenecen o no al partido en cuyas primarias
estén votando. Un tema de tanta importancia debió ser objeto de un
estudio ponderado, de un esfuerzo de concertación y no de una imposición
de un solo partido como acaba de ocurrir. La
torpeza de la forma, y los antecedentes de los últimos años, son
suficientes para pensar que detrás de esta aprobación se esconden
intenciones obscuras. El argumento de que no existe ventaja para ningún
partido pues la regla se aplica a todos en igualdad no es más que un
sofisma, pues el partido que controle la JCE tendrá la forma de afectar
las elecciones primarias de los otros partidos. Por esa razón el juez
Roberto Rosario, que defiende los intereses del PLD en la JCE, se opuso a
la ley, pues el control de la JCE por el PRD ha sido un argumento
constante de este último partido. Es de esperar que en lo adelante la
lucha de los partidos por controlar la JCE será aún más encarnizada
gracias a esta nueva ley. Desde
el punto de vista operativo la ley está condenada al fracaso. Para nadie
es un secreto que la JCE en cada elección tiene que hacer una carrera
contra el tiempo para completar el calendario de sus actividades
organizativas. Imaginemos a una JCE que en medio de ese esfuerzo tenga
además que organizar las primarias de más de veinte partidos cada dos años.
Pero además, resulta completamente arbitrario e injusto imponer a
cualquier partido una fecha para la celebración de sus primarias y
establecer que los miembros de otros partidos puedan votar en sus
primarias. No deseamos que un partido tenga dificultades en el proceso de
selección de sus candidatos, pero es un importante elemento de evaluación
para la ciudadanía la forma en que los partidos conducen y culminan estos
procesos. Cuando un partido no puede aplicar a lo interno las reglas de la
democracia con orden y disciplina, es un buen indicio para que la ciudadanía,
sobre todo la no partidista, pondere al partido y a los candidatos que
presenta. Esperamos que la ley obtenga lo que se merece: su derogación
por vía del Congreso o a través de la declaratoria de
inconstitucionalidad por atentar contra la libertad de asociación y de
reunión.
Francisco Álvarez Valdez
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