Envueltos en el torbellino electoral, hemos perdido de vista otros temas nacionales de igual o mayor importancia, como es el caso del tema ecológico, amenazado en plena campaña electoral por un proyecto de ley, ya aprobado por los senadores, que pretende reducir considerablemente dos de los más importantes parques nacionales del país: el Parque Nacional del Este y el Parque Nacional Jaragua.  

Unas elecciones fraudulentas hacen un daño terrible a la sociedad, pero por lo menos una buena parte de ese daño puede tal vez recuperarse con el tiempo. Con el medio ambiente, por el contrario, el daño que se causa muchas veces es irreversible. Pero además, en una isla como en la que vivimos, el daño ambiental conduce en la mayoría de los casos a la desertificación.  La conclusión es clara: debemos también prestar atención a lo que está ocurriendo con el tema ecológico y particularmente en el Congreso con este proyecto de ley que lleva una velocidad poco usual.  

Algunas evidencias revelan intereses no muy claros en el esfuerzo de reducir la extensión de ambos parques. Por un lado, el Senado no solicitó, o por lo menos no obtuvo, la opinión de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente con respecto al proyecto que aprobó. Algo realmente insólito con un tema como este que, manejado responsablemente, debería decidirse luego de la obtención de varios estudios de impacto ambiental tanto de entidades públicas como privadas, locales como internacionales. Otro elemento revelador es la forma como el Senado obvió lo que fue su decisión de apenas hace cuatro años, cuando aprobó la Ley No. 64-00 que crea la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, en cuyo artículo 34, párrafo III, dispuso que “hasta que no sea promulgada la ley sectorial de áreas protegidas y biodiversidad no se permitirá ninguna modificación a la misma”. Pues bien, esa ley aún no ha sido aprobada. Muchos de los senadores que aprobaron esa prohibición son los mismos que hoy levantan las manos olvidando lo que aprobaron.

A este panorama se suma un decreto del Poder Ejecutivo que pretendió excluir determinadas parcelas del Parque Nacional del Este, en violación a la ley antes citada. También un inversionista extranjero que, a pesar de estar bien asesorado jurídicamente, decidió correr el riesgo de adquirir un inmueble dentro del Parque Nacional del Este. Estamos completamente convencidos de que en su país de origen no hubiese corrido el mismo riesgo. Algunas declaraciones pretenden justificar la medida como una forma de combatir  la pobreza del pueblo dominicano, olvidando que si depredamos nuestros recursos naturales, estamos condenándonos a la pobreza eterna. En fin, existen suficientes indicios para generar preocupación y sobre todo para generar acciones encaminadas a proteger nuestros recursos naturales de los depredadores.

Francisco Álvarez Valdez
Abogado