Desde esta columna no deseamos vulnerar el sagrado principio de presunción de inocencia que debe favorecer a toda persona hasta tanto no exista en su contra una sentencia definitiva con autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero tampoco queremos ser tan ingenuos con el tema de la impunidad como pretenden algunos que sea todo el pueblo.  

Participación Ciudadana publicó recientemente un trabajo de investigación que daba cuenta de que en 20 años la Justicia del pasado y la Justicia del presente no ha sido capaz de sancionar a un solo corrupto, ni del sector público ni mucho menos del sector privado. Tal vez esa ha sido la razón más poderosa que ha estimulado la ocurrencia de casos que seguirán generando estupor por los siglos de los siglos, por lo menos en personas con un poco de conciencia.  

Mientras más grande es el caso de corrupción menos confianza tiene la gente en que la justicia dominicana actuará correctamente. Mientras más influyente, política o económicamente, sea la gente involucrada, menos seguridades tiene el país de que los procesos judiciales podrán avanzar hasta su conclusión con una sanción para los reales responsables.  

Cuando una persona pierde la vida por herida de bala, existe el dato frío e imposible de ocultar del daño producido: la muerte de la persona. Podrá conjeturarse sobre quién o quiénes podrían ser los responsables, pero jamás negar la existencia de la violación a la ley penal.  En materia de corrupción nos ha pasado que pretendemos pasar por alto el hecho frío, invencible, incontestable del perjuicio sufrido por la sociedad con determinados casos, como si el perjuicio no existiese. Nadie es responsable de tales hechos.  

Si en este país se dieron las condiciones para que el Estado tuviera que asumir responsabilidad por más de cien mil millones de pesos que se perdieron estando en manos privadas, eso significa un perjuicio para el Estado por ese mismo monto. En otras palabras, los dominicanos y dominicanas de todas las edades y condiciones deberán pagar por el dinero perdido. El hecho frío del perjuicio está ahí, a la vista de todos. Las consecuencias se sienten cada día en todos los hogares del país y se seguirán sintiendo por muchos años. Es perfectamente admisible que cualquiera de los acusados alegue su inocencia y realice todos los esfuerzos serios porque esa inocencia sea establecida por el tribunal. Pero es absolutamente inadmisible que se pretenda que nadie es responsable de hechos tangibles que han dañado seriamente a esta sociedad.  

Existen responsables tanto dentro del sector privado como dentro del sector público. Es responsabilidad principal del ministerio público y de los jueces de instrucción realizar todas las investigaciones necesarias que permitan identificar a los verdaderos responsables para que sean ejemplarmente sancionados. Si se determina de manera fehaciente que las personas originalmente implicadas no son responsables, todavía habría que despejar la interrogante de cuáles son los responsables. No se puede pretender que el hecho no existe.  

Tampoco podemos delimitar ciertos casos de manera muy conveniente a ciertos acusados favoritos. Un ejemplo es el caso de la Lotería Nacional. Luego de más de seis años de instrucción el resultado fue muy conveniente para los verdaderos responsables: el único responsable lo fue un extranjero inalcanzable para la justicia dominicana. Esa decisión no sólo confirmó el escepticismo de la ciudadanía con respecto al  papel de los jueces sino también el de los que conocen el oficio pues hasta hubo necesidad de crear nuevos elementos constitutivos para tipificar la asociación de malhechores para poder sustentar la decisión. Y no cabe dudas de que el extranjero es realmente responsable, como tampoco nadie tiene dudas de que no es el único responsable.

Con los casos de los bancos quebrados que se encuentran en manos de la justicia no se puede pretender que nadie es responsable como tampoco que los responsables de fraudes que sobrepasaron los cien mil millones de pesos son responsabilidad exclusiva de dos o tres personas. La decisión del magistrado Sánchez Ortiz, buena para los favorecidos con el no ha lugar y mala para los que fueron enviados a juicio criminal, no contribuye a generar confianza en la justicia. Por el contrario, la devuelve al pasado oscuro del que tal vez nunca realmente hemos salido.

Francisco Álvarez Valdez
Abogado