Los autores de la investigación, los Doctores Santiago Sosa y Melisa Sosa, recorrieron los tribunales y fiscalías del país, incluyendo las oficinas del Departamento de Prevención de la Corrupción (Depreco), para ofrecernos información actualizada sobre los casos de corrupción, y podernos llevar a la conclusión objetiva de que nuestro país es el paraíso de la impunidad. Se lograron identificar 227 casos, y de ese total sólo seis casos han podido ser concluidos y sólo uno de los seis terminó con sentencia condenatoria. No hay responsables favoritos de la impunidad, pues la investigación abarcó gobiernos de los tres partidos principales. Ninguno de estos gobiernos alcanzó logros importantes. La conclusión es simple: en materia de lucha contra la corrupción habrá que comenzar de nuevo. Los planes estratégicos no han funcionado porque aunque algunos de ellos pudieran estar bien diseñados, lo cierto es que ha faltado la voluntad política que deben aportar nuestros líderes, pero además también ha fallado la voluntad resuelta de una mayoría ciudadana.

Durante los últimos cuatro años hemos escuchado consistentemente que las autoridades han enfrentado la corrupción con energía y que por eso algunos funcionarios del actual gobierno han sido sometidos a la justicia. Pero el informe nos revela que el problema principal no es el sometimiento a la justicia sino lo que pasa después, o tal vez sería mejor decir lo que no pasa después, o las dos cosas a la vez. Lo que pasa después es que los implicados, cuando el caso llega a los tribunales, sin mucha dificultad, salen en libertad bajo fianza. Lo que no pasa después es el conocimiento del fondo del caso, que para fines prácticos comienza una lenta agonía matizada de incidentes judiciales, hasta su muerte definitiva por olvido social. Y es que se usa y abusa de los incidentes judiciales para evitar que un caso se conozca, ante la actitud cómplice, por acción u omisión, de fiscales, jueces, abogados y ciudadanos.

El informe revela sin necesidad de calificativos, con simples estadísticas, la enorme ineficiencia de los tribunales en el manejo de los casos judiciales, pero también revela la misma ineficiencia en el Depreco. De los 185 casos que maneja esta oficina, más de la mitad está a la espera de una decisión de sometimiento o desestimación, a pesar de que el 67% de tales casos tiene entre dos y cuatro años bajo su responsabilidad. Y a pesar de este panorama, no se escuchan autocríticas; todo el mundo lo ha hecho muy bien. La realidad es que nadie lo ha hecho bien. Ni los gobiernos, ni los fiscales, ni los jueces. Tampoco la sociedad, civil o política.