Han pasado ya siete meses de que se descubriera el fraude bancario dominicano, y seis meses de que el Gobierno pusiera el caso Baninter en manos de la justicia.

De los cinco apresados solamente permanecen dos bajo prisión, Ramón Báez Figueroa y Marcos Báez Cocco. Luis Alvarez Renta y Vivian Lubrano fueron puestos en libertad tras alegar serios quebrantos de salud. El quinto, Jesús María Troncoso, alegó inocencia y apenas fue mantenido unas horas detenido.

El juez de Instrucción, Eduardo Sánchez Ortiz, mantiene abierta la sumaria del caso, y hace apenas unos días la Suprema Corte de Justicia lo liberó de responsabilidad ante varias acusaciones que se habían formulado en su contra, por supuestas actuaciones reñidas con su ejercicio de magistrado.

El caso Baninter aparentemente perdió importancia. Los abogados del Banco Central para llevar adelante la demanda contra los implicados en el fraude han desaparecido del escenario público. Los abogados de los acusados, diestros en buscar formas para mantener viva la atención y defensa pública de sus defendidos, optaron también por el silencio.

Las visitas al juez desaparecieron, como desaparecieron los comunicados en los medios de comunicación de Luis Alvarez Renta y sus abogados (profesionales y empresarios). Tampoco hay razones para que familiares y favorecidos firmen documentos públicos a favor de Vivian Lubrano.

Únicamente los funcionarios del área económica del Gobierno, para justificar el descalabro de la economía, mencionan el caso Baninter como fuente de casi todos los problemas que han afectado la estabilidad macro-económica. También citan el caso Baninter los documentos de organismos y bancos internacionales, como JP Morgan, Moody, Standard & Poros y el propio Fondo Monetario Internacional, llamado por el Gobierno.

Lo más normal, ante una desaparición tan repentina de la discusión pública y de los medios, es que la gente se pregunte qué ha pasado con el caso Baninter. Y que se interese en saber qué ha ocurrido con los personajes implicados, incluyendo los prestanombres y provechados que nunca fueron llamados por los tribunales de justicia, pero que se pusieron a disposición del Banco Central para ser perdonados unilateralmente, sin que sus casos
llegaran a la justicia. Por ejemplo, sería de mucho provecho para el país saber qué ha pasado con las personas que tenían depósitos en dólares en el Trust de Baninter, en
Gran Caiman, y si su tranquilidad se debe a que fueron cobrados esos depósitos, capital e intereses. Y saber quién les pagó y bajo qué condiciones.

Sería útil también saber si el Banco Central está cobrando el capital y los intereses de los préstamos en dólares que había hecho Baninter a empresas y personajes de la vida dominicana, o si en cambio se ha llegado a negociaciones para pagar solamente el capital o para postergar su pago para otra ocasión. Sabemos que selectivamente el Banco Central decidió pagar algunos de esos depósitos, con sus intereses, con certificados a título del
mismo Banco Central.

El país fue informado de la transacción entre el Scotia Bank y el Estado, a través de la cual se le traspasó a ese banco una parte de la cartera de Baninter. Pero no sabemos qué ha pasado con la otra parte de la cartera, y si las intimaciones de no pago que hicieron los abogados de Báez Figueroa a quienes tenían préstamos de Baninter tuvieron algún efecto.
No sabemos si el fuego ocurrido en la oficina principal de Baninter dañó documentos importantes, que pusieran en peligro el patrimonio de esa institución. Tampoco sabemos si la compra de cartera, entre terceros, ha servido para desangrar más al Banco Central por vía de los compromisos y selectividades del Banco Central respecto al Baninter y a algunos de sus deudores y depositantes.

Hoy día no se sabe quién preside la Asociación Popular de Ahorros y Prestamos, si Héctor Mateo u otra persona, luego de las decisiones de la Junta Monetaria ordenando salida de la familia Hazoury de esa entidad, sin lograrlo. No sabemos si Amable Medina es el Presidente Ejecutivo en funciones, o si lo sigue siendo en la práctica el doctor Azor Hazoury, seriamente comprometido en los desaciertos que allí se cometieron y siguen ocurriendo.
No sabemos las consecuencias para el país del cierre de Bancrédito Panamá, por parte de la Superintendencia de Bancos de ese país, ni sabemos si la reducción de grados a la deuda dominicana, y a otras entidades que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, tiene efectos nocivos para la economía dominicana o para el cumplimiento de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional.