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La
sociedad civil está preocupada por los comicios Lo concreto de la cumbre fue la comisión de seguimiento a la JCE,
mientras una coalición social prepara la observación del proceso El
proyecto continuista en que se encuentra embarcado el presidente Hipólito
Mejía, pese al deterioro popular que muestran las encuestas, ha
determinado que la sociedad civil concentre su atención en esfuerzos para
que el próximo proceso electoral transcurra con apego a los
procedimientos democráticos. No
fue por accidente que la "Declaración de Compromiso" suscrita
en la cumbre del diálogo político nacional efectuada el lunes 8 tuviera
como única acción concreta e inmediata la constitución de una Comisión
de Seguimiento a los trabajos de la Junta Central Electoral (JCE) para la
organización de los comicios presidenciales de mayo próximo. Al
mismo tiempo, una coalición de organizaciones sociales de los más
variados sectores ha iniciado la coordinación de esfuerzos para la
observación del proceso electoral, no solo en la jornada de votación,
sino también en la campaña proselitista, temiendo el abuso de los
recursos estatales que ha caracterizado las reelecciones presidenciales. Fuerte preocupación La
sociedad civil dominicana, que los agentes del pasado gobierno peledeísta
llegaron a calificar de pro perredeísta muestra fuertes preocupaciones
por la limpieza de las próximas elecciones presidenciales, por el hecho
de que el presidente Hipólito Mejía aspira a la reelección. La
tradición antidemocrática que ha caracterizado los proyectos
reeleccionistas en la historia nacional y latinoamericana desbordan las
preocupaciones del liderazgo de las organizaciones sociales más activas
de la sociedad civil. Hace
dos meses quedó constituída una coalición de más de 80 organizaciones
de los más diversos sectores sociales, originalmente motorizada por la
corrupción pública y privada implícita en la quiebra del Banco
Intercontinental y en la necesidad de justicia sobre el particular. En
el documento constitutivo figuraba el compromiso de dar seguimiento al
proceso electoral en marcha, y concretamente se adelantaba apoyo a la
observación electoral que desde 1996 realiza el movimiento cívico
Participación Ciudadana. La
iniciativa correspondió a Participación Ciudadana, la Fundación
Institucionalidad y Justicia, la Asociación Nacional de Jóvenes
Empresarios y el Consejo Nacional de la Empresa Privada. De inmediato
abarcó a decenas de instituciones populares, sindicales, gremiales,
religiosas y empresariales. En
la medida en que se ha diluído la atención en el caso Baninter ha
crecido la preocupación por la transparencia y limpieza del proceso
electoral y particularmente por la situación de la JCE, sometida hasta
hace poco a serias divergencias internas. La
coalición trabaja en la creación de numerosas comisiones. Se propone
esfuerzos por el fortalecimiento de los órganos electorales, colaborando
en ámbitos como el reclutamiento del personal más capacitado para operar
los colegios electorales y el monitoreo de la propaganda para desalentar
el abuso de los recursos estatales, no sólo a nivel del Poder Ejecutivo,
sino también del municipal. El compromiso de la cumbre La
"Declaración de Compromiso" suscrita por el presidente Hipólito
Mejía, los presidentes de los tres partidos mayoritarios, representantes
del Consejo de la Empresa Privada, el Consejo de Unidad Sindical y de la
Iglesia Católica, es un enunciado general de propósitos para el
fortalecimiento democrático institucional, la gobernabilidad, la
recuperación económica y la compensación social. El
documento es tan teórico que pudo ser firmado sin mayores objeciones por
el liderazgo político. Evadió cosas tan concretas como el acuerdo recién
aprobado por el Fondo Monetario Internacional, aunque recoge los aspectos
básicos del mismo: regulación y supervisión bancaria, equilibrio
presupuestario, austeridad pública y reforma tributaria, con políticas
para restablecer la estabilidad macroeconómica. Se
echó de menos un compromiso específico para dar seguimiento al acuerdo
con el FMI, especialmente en lo referente a los recursos financieros que
se derivan del mismo, que es una de las mayores preocupaciones, dada la
tradición gubernamental de desbordamiento del gasto público en las campañas
electorales, especialmente cuando ha habido repostulación presidencial. En
sus propósitos, la declaración comienza con la promoción de "la
fidelidad y el estricto apego a los valores democráticos", el
fortalecimiento de la institucionalidad democrática a todos los niveles
del Estado y la democratización y consolidación de los partidos políticos
como instrumentos de la democracia representativa. El
segundo capítulo se refiere a lo electoral, proponiéndose "Seguir
fortaleciendo la credibilidad en los órganos del sistema electoral,
particularmente con miras a las elecciones presidenciales del 2004, de
modo que se garantice un proceso electoral libre, transparente, creíble y
participativo, sin distorsiones ni irregularidades de naturaleza alguna,
procurando la creación de espacios de vigilancia y seguimiento con la
participación nacional e internacional, antes, durante y después del
proceso electoral". Comisión de Seguimiento La
única acción concreta inmediata que se deriva del compromiso es la
designación de una "Comisión de Seguimiento a los trabajos de la
Junta Central Electoral", cuyos integrantes fueron señalados de
inmediato. Tiene como coordinador al Rector de la Universidad Católica
Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez Collado, y a su vicerector
Radhamés Mejía de secretario. Los
demás integrantes son cuatro empresarios, Rafael Perelló, Celso
Marranzini, Lisandro Macarrulla y Marisol Vicens, el reverendo Reynaldo
Franco Aquino, presidente de la Confederación Dominicana de Unidad Evangélica
(CODUE) y el doctor José Joaquín Puello, presidente del Comité Olímpico
Dominicano. El
empresariado está obviamente sobrerepresentado en la comisión, echándose
de menos al sector sindical, los intelectuales y las organizaciones
sociales populares que activan en la lucha por el fortalecimiento
institucional y democrático. De cualquier forma, lo relevante es que la
preocupación por los próximos comicios domina el contexto de la
declaración. La
creación de la comisión despertó inmediatos recelos en la JCE, donde
algunos jueces expresaron preocupación de que se tratara de un órgano
paralelo al estilo del creado para las elecciones de 1986. Se adelantó
que tendría que ser un grupo de colaboración, como el integrado para los
comicios del 2000 que ofreció ayuda técnica para el centro de computación,
tanto en la etapa de elaboración del padrón electoral como en el
procesamiento. Un
"encuentro social" organizado de inmediato por Monseñor Núñez
Collado en su residencia, reunió a jueces electorales y comisionados para
disipar prejuicios o temores. Allí se convino que la comisión sería de
apoyo y colaboración con el órgano del arbitraje electoral, no de
observadora ni de supervisora. En
ese contexto tanto el presidente de la JCE, Luis Arias, como el presidente
de la Cámara Administrativa, Nelson Gómez, expresaron públicamente su
complacencia, tras descartarse que los comisionados vayan a incursionar en
los asuntos internos del organismo electoral. Urge fortalecer la JCE En
amplios ámbitos de la sociedad civil, y particularmente en Participación
Ciudadana, prevalece el criterio de que deben aunarse esfuerzos para
fortalecer la JCE, con una política de colaboración más que de
cuestionamientos públicos. Esa
es la junta que va a organizar los comicios y debilitarla con denuncias, a
menudo sin suficiente fundamento, sólo contribuiría a la falta de
credibilidad en el proceso electoral. Se
puso de ejemplo la denuncia del supuesto "dislocamiento" de más
de 900 mil electores. Antes de los comicios del 2002 se denunció unos 700
mil "dislocados", falsedad que quedó en evidencia el día de la
votación. En
realidad se trata de los ciudadanos y ciudadanas transferidos a nuevas
mesas o colegios electorales o cambiados de locales por saturación. Se
les avisó por correo, a través del teléfono y con pancartas en los
centros de votación. En informe de observación de Participación
Ciudadana certificó como insignificante el número de electores que no
encontraron su centro de votación. De
cualquier forma, la JCE ya está llamando a esos ciudadanos a que acudan a
los centros de cedulación para actualizar su documento de identidad. De
lo que se trata es de consignarle el número y local de su colegio
electoral. Aunque en su mayoría ya saben donde les toca votar. Ese
problema quedará minimizado ahora que desaparece el llamado "colegio
electoral cerrado", con lo cual la ciudadanía tendrá desde las 8 de
la mañana hasta las 6 de la tarde para votar, y en consecuencia los
trasladados dispondrán de mayor tiempo para informarse de la ubicación
de su colegio electoral. En
última instancia, la sociedad civil podrá colaborar y hasta disuadir las
permanentes tentaciones de la trampa y la imposición, pero es a los
partidos a través de sus delegados políticos y técnicos a quienes
corresponde la mayor cuota en la transparencia del proceso preparativo y
en el cómputo. La ley electoral les otorga facultad y participación en
la toma de decisiones concernientes a la organización de los comicios, en
el levantamiento de las actas y el procesamiento de los resultados.-
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