|
|
|
 |
 |
|
|
Asi
no Anteriores y recientes
gobiernos y funcionarios han evidenciado, de forma reiterada, una práctica
tan preocupante como peligrosa. Es su constante violación de la ley,
incluyendo la propia Constitución de la República. Aunque todo alto
funcionario de la Nación al tomar posesión del cargo jura cumplir y
hacer la ley, hay sobradas pruebas de que les cuesta observarla, razón
por la cual la violan cuando estiman que es necesario hacerlo. Aparte del
juramento hecho, en la democracia se supone que toda ley representa el
mayor de los consensos por haber sido aprobada, después de largos debates
y búsqueda de acuerdos, en algunos casos, por los representantes directos
del propio pueblo. Sin embargo, esto tampoco es obstáculo para violarla. En muchas ocasiones parece
que se aprueba y se promulga una ley con la intención de no observarla.
Ahí está el caso del Presupuesto General de la Nación. A los distintos
Departamentos de la Administración Pública no se le entregan los
recursos que fueron aprobados por el Congreso, sino los que el Poder
Ejecutivo considera adecuados. Igual pasa cuando mediante una ley aprobada
por el Congreso, y promulgada por el Ejecutivo, se consagra un porcentaje
del presupuesto para una determinada Secretaría de Estado, de Educación,
por ejemplo, y el mismo Congreso que aprobó esa disposición la viola
asignando un porcentaje menor en el siguiente presupuesto. El 5% de la
UASD, que nunca fue respetado, se repite ahora cuando a la Secretaría de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se le asigna en el presupuesto
nacional una cantidad menor de la establecida en la ley que la creara. La violación más
reciente y de mayor trascendencia a la ley fue la realizada por las
autoridades del Banco Central que, apartándose conscientemente del
mandato de la Ley Monetaria y Financiera transformaron en deuda pública
una inmensa deuda privada, comprometiendo con ello el futuro de toda la
población. La última de las violaciones, esta vez a la propia Constitución
de la República, fue el establecimiento, por Decreto del Poder Ejecutivo,
de un impuesto, atribución conferida constitucionalmente al Congreso.
Hace más penosa esta violación la argumentación de dos altos
funcionarios del gobierno para tratar de justificarla. Ambos reconocen que
la acción del Ejecutivo es ilegal, pero aducen la transitoriedad del
impuesto y que la urgencia que tiene el gobierno de recibir estos ingresos
no recomendaba que se siguiera lo que estipula la Constitución, pues los
debates en el Congreso retrasarían su aprobación. Es lamentable, además,
que el Fondo Monetario Internacional y los otros organismos de cooperación
financiera que lo acompañan en la asistencia al gobierno dominicano hayan
aceptado esta violación a la Constitución, cuando en otros casos
reclaman el apego a la legalidad y al “buen gobierno”. Y esta nueva violación del ordenamiento jurídico,
incluyendo esta vez la Constitución, ocurre cuando la situación en la
que se encuentra el país se debe, en gran parte, a la falta de confianza
en el gobierno. El desconocimiento de la ley y de la Constitución lo que
produce es un aumento de la desconfianza, no su disminución. |
|
|
|
|
