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Mucho por hacer “La historia de la
gobernabilidad en el país enseña que los gobiernos comienzan a dañarse
por causa de la corrupción a partir de los dos últimos años, período
en que nos encontramos en el presente cuatrenio”. La frase no deja de
ser lapidaria, contundente, estruendosa para el mandato presidencial del
Partido Revolucionario Dominicano. Si procediera de la oposición
al Gobierno puede pasar como una descalificación más, algún empeño en
desnudar las actuaciones vergonzosas en materia de corrupción del
gobierno de turno, aprovechando las debilidades del proceder oficial para
perdonar personas que han metido la pata y no se van a joder, pese a la
sentencia presidencial. Pero la frase es del
Procurador General de la República, doctor Virgilio Bello Rosa, cabeza
del Ministerio Público desde que se inició el Gobierno y quien recibió
de manos del Secretario de las Fuerzas Armadas la investigación sobre el
fraude de 40 millones de pesos contra Baninter, en el que figura el ex
jefe de la avanzada presidencial, conocido como Pepe Goico. Según Bello Rosa tanto el
Gobierno como el Ministerio Público pierden autoridad moral en la lucha
contra la corrupción con el proceder del fiscal del Distrito Nacional, Máximo
Aristy Caraballo, quien descartó los cargos contra varios de los acusados
y determinó que el expediente fuera a un tribunal correccional, pese a
que jurídica, moral, económica y políticamente se trataba de un caso
criminal. Del Procurador también
depende el Departamento de Prevención de la Corrupción, que en el pasado
jugó un rol beligerante en la identificación y procesamiento de casos de
supuesta malversación de fondos públicos entre funcionarios del pasado
Gobierno. No olvidemos que el doctor
Aristy Caraballo es un hombre consecuente con la aplicación de las
calificaciones a su manera, debido a que en el expediente del PEME, cuando
se formuló la acusación a varios funcionarios del gobierno peledeísta
por el uso irregular de 1,458 millones de pesos, el fiscal decidió
excluir del expediente enviado a instrucción a los principales acusados
por la Procuraduría General de la República. En aquella ocasión Virgilio
Bello Rosa, además de escribir una carta de protesta, y se dijo que su
propia carta de renuncia que luego fue rechazada por el Presidente, enjugó
sus lágrimas por el desacierto de Máximo Aristy y el desconcierto en que
le dejó la decisión. Jesús Féliz, director del
Departamento de Prevención de la Corrupción, calificó la decisión de
ahora del fiscal como desastrosa y descabellada, y como una estocada a la
lucha contra la corrupción en la administración pública. “La decisión deja la
impresión de que ahora todos podemos ser corruptos sin temor a que
funcionen con eficacia y decencia los mecanismos de persecución de este
flagelo”, dijo. Y fue más lejos al considerar que la decisión tiene
consecuencias morales, políticas, económicas y jurídicas para la
sociedad dominicana, que pierde mucho con la decisión, y para el Gobierno,
que igualmente queda mal parado. En el ámbito político
nadie del Gobierno ha querido sacar la cara, nadie ha justificado la
decisión del fiscal y muy probablemente pasará algún tiempo antes de
que los voceros del oficialismo comiencen a defender la decisión o a
decir que es una cosa meramente jurídica, que no tiene nada que ver con
la político o con el Gobierno. Un tecnicismo que se ha
obviado es que Pepe Goico, si se calificaba como criminal su expediente,
difícilmente saliera de la cárcel, tomando en cuenta que la misma
persona tiene un expediente en suspenso y está en libertad bajo fianza,
por el fraude de 90 millones de pesos contra la Lotería Nacional,
ocurrido en la pasada administración. Si se sumaba un nuevo
expediente criminal al historial del oficial Goico Guerrero, la situación
del prevenido cobraba tintes difíciles de salvar, independientemente de
que al sistema de administración de justicia le falta mucho por hacer. 21
de noviembre 2002 |
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