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El
espionaje telefónico, ayer y hoy No
se me puede olvidar que hace justamente tres años, a finales de noviembre
de 1999, el candidato presidencial perredeísta Hipólito Mejía denunció
enérgicamente el viejo abuso de la intercepción telefónica, ofreciendo
una lista de números intervenidos, entre los cuales esaban los teléfonos
del director de HOY, don Mario Alvarez Dugan, y de quien suscribe, en su
calidad de director de prensa de Teleantillas. En
aquellos días un familiar preocupado interrumpió mis vacaciones en México
para ofrecerme la información, que desdeñé por dos razones: porque hace
tiempo lo sabía y en segundo lugar porque personalmente siempre me he
burlado de la práctica, enviando "saludos telefónicos" a tres
o cuatro personajes graduados como "técnicos en la intercepción
telefónica". Por
demás, como he logrado ser una persona tan libre, de lo cual me siento
agradecido de Dios y orgulloso, nunca he tenido temor de que escuchen mis
conversaciones telefónicas. En lo personal no van a descubrir más que
ternuras y bienaventuranzas. En lo político, todo lo que pienso lo
traduzco en mi ejercicio periodístico. Nada tengo que ocultar. Sin
bien en lo personal no me preocupa la intercepción telefónica, toda la
vida la he combatido como un abuso de poder y una violación de los
derechos individuales que debe ser eliminada de la práctica pública y
privada. Porque todos sabemos que aquí hay espionaje político,
empresarial y hasta de la vida personal, para todo género de chantaje.
Tanto por organismos gubernamentales, como empresas privadas ampliamente
conocidas. Pero
el valor con que el candidato Hipólito Mejía denunció esa aberración
no nos permitía creer que tres años después, y a dos de usufructuar el
poder, un organismo público como INDOTEL, dirigido por profesionales
reconocidos, se prestaría para una resolución como la 091, seguramente
exigida por instancias muy altas del gobierno. Parece
justo consignar que la resolución fue adoptada durante las vacaciones de
la compañera Margarita Cordero, miembra del Consejo Directivo de INDOTEL,
y que ella se apresuró a dejar constancia escrita de su rechazo a la
misma, tan pronto fue enterada de la ocurrencia a su retorno al país. El
asunto ha trascendido ahora por anuncio oficial del director de
Telecomunicaciones, Orlando Jorge Mera, formulado en el mismísimo Palacio
Nacional, tras una larga reunión con el presidente Hipólito Mejía, en
la que participaron los presidentes de las cuatro empresas de
telecomunicaciones que junto a la Asociación de Abogados Empresariales y
a la Fundación Institucionalidad y Justicia habían elevado un recurso de
inconstitucionalidad contra la indicada resolución. De
que el poder obnubila y pierde a los políticos queda constancia una vez más.
Porque esa "larga reunión con el presidente" para rectificar
una disposición violatoria de la constitución y de la propia ley
adjetiva del INDOTEL, compromete pública y explícitamente su
responsabildiad en el caso. En
otras palabras que lo que ayer se denunciaba desde la oposición, se
pretendía sostener hoy desde el gobierno, sin que nada lo justificara. Y
hubo de mediar una apelación a la Suprema Corte de Justicia para hacer
prevalecer los principios constitucionales. ¿Qué
razón puede tener hoy día el gobierno para andar buscando autorización
para espiar teléfonos a libre voluntad? Si se tratara de combatir el
narcotráfico y la delincuencia en general, no era necesaria la resolución
091, puesto que una anterior, la 036 del 2000 autorizaba la intercepción
mediante recursos judiciales. Se
trata de una nueva prueba de lo frágil que es la memoria de nuestros políticos
en torno a asuntos fundamentales. Y lo pragmática y vulgar que se ha
tornado la ciencia que Juan Pablo Duarte consideró más digna de ocupar
la atención humana. Hay
que agradecer a las instituciones sociales que incoaron el recurso de
inconstitucionalidad y a las empresas de telecomunicaciones que
resistieron el propósito gubernamental de revestir de legalidad la
abominable violación del derecho a la privacidad telefónica. Algún
día los políticos tendrán que entender que el poder no los autoriza a
pasar por encima de los principios, si siempre aparece alguna institución
o grupo social capaz de hacerlos valer, desdeñando los temores que tanto
han servido para incubar el abuso y sistematizar la opresión.- 21
de noviembre 2002 |
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