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El
Cuestionamiento es otro La
nueva Junta Central Electoral nace fuertemente cuestionada en su
legitimidad, imparcialidad y credibilidad por la forma en que fue
seleccionada. Además de tener estos serios inconvenientes para el desempeño
adecuado de sus delicadas funciones, su designación ya ha provocado el
enfrentamiento entre el gobierno y la oposición, hasta el punto de lograr
el distanciamiento con el PRSC, hasta ahora su virtual aliado, así como
el acercamiento entre los dos partidos opositores mayoritarios, antes
distantes y ahora próximos a ser aliados estratégicos. Esta situación
de enfrentamiento entre gobierno y oposición se produce cuando
circunstancias internas están
creando dificultades económicas y sociales que pudieran agravarse mas aún
por probables acontecimientos internacionales, y cuando una última
encuesta indica que el partido en el gobierno no cuenta ya con la mayoría
de las preferencias en el electorado. Frente a las críticas
recibidas desde distintos sectores, los defensores de la decisión de los
senadores del PRD y de la actual composición del máximo tribunal
electoral, han recurrido a una vieja táctica dialéctica, no por muy
utilizada exenta de una gran falacia: defender lo que no se ha atacado,
tratando de lograr desviar la atención de los argumentos centrales en
contra, así como intentar que prevalezcan las argumentaciones a favor de
lo que nunca se ha atacado. Insisten en que la representación otorgada en
las urnas a los senadores del PRD, con una mayoría absoluta, les faculta
a tomar la decisión que tomaron. Defienden que es al senado a quién
constitucionalmente le corresponde nombrar a los jueces de la Junta
Central Electoral, por lo que actuó haciendo uso de esa prerrogativa que
reviste de toda la legalidad necesaria a esa decisión. Proclaman la
honorabilidad y la capacidad de los designados. Sin embargo, no es eso lo
que se ha cuestionado. Las organizaciones y
personas que desde la sociedad civil han criticado la decisión adaptada
en el senado, en ningún momento han cuestionado la facultad privativa de
esta cámara de nombrar los jueces de la Junta Central Electoral. Tampoco
la legalidad de la decisión, ni la honorabilidad y capacidad de las
personas designadas. Lo que ha cuestionado, desde distintos sectores, es
si en un a democracia que, además de ser representativa quiere ser también
mas participativa, el órgano que tiene asignada la facultad de elegir a
los jueves del tribunal electoral, deben hacerlo sin escuchar y atender a
la ciudadanía y a los partidos que reclamaban la búsqueda del consenso
para que, junto a la legalidad, tuviera también la legitimidad necesaria.
Se ha cuestionado así mismo si se contribuye al fortalecimiento de la
democracia imponiendo unos jueces electorales que son rechazados por los
actores principales del proceso electoral, y si es sensato el
enfrentamiento con las demás fuerzas políticas cuando la situación
nacional está exigiendo un clima de concertación, no de confrontación.
Y se cuestiona, finalmente, porqué los estrategas políticos del PRD
prefirieron la imposición a la concertación, cuando su amplia mayoría
en el senado aseguraba que, abiertos a la consulta y a la concertación,
ninguna persona considerada desafecta al PRD, o al gobierno, podría
formar parte de la Junta Central Electoral. 10
de octubre 2002 |
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