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El
enfrentamiento daña al gobierno y acerca al PLD y el PRSC Algunos analistas políticos
han tenido dificultades para encontrar explicación a la inflexibilidad
con que el perredeísmo en el gobierno afrontó la elección de los jueces
electorales sin hacer la menor concesión para evitar el clima de
enfrentamiento político que muchos habían previsto y advertido. El error táctico
parece fundamental porque acerca a los dos partidos mayores de la oposición,
en una materia tan delicada como la electoral, y mientras más tiempo pase
sin algún nivel de transacción, más
posibilidades de que entre sus dirigentes y militantes se produzcan
identificaciones defensivas que repercutan en la segunda vuelta de los
comicios presidenciales del 2004.
La imposición mecánica
de la absoluta mayoría en el Senado dejó otras secuelas, ya que los
reformistas que habían pactado algunos acuerdos para la elección de los
jueces electorales, se han sentido engañados, mientras el partido
de gobierno muestra sus divergencias y contradicciones internas. Hostilidades al máximo
La elección de los nuevos jueces de la Junta Central
Electoral (JCE) por la mayoría senatorial gubernamental, desató esta
semana un enfrentamiento político que llevó a los dos mayores partidos
de oposición a considerar acciones conjuntas para contener al partido de
gobierno. Para nada ha
sorprendido la actitud radical del Partido de la Liberación Dominicana, (PLD)
que se había comprometido a una resistencia total de lo que consideran
una imposición de jueces parciales. Pero sí la fuerza con que ha
reaccionado la mayoría de los dirigentes y los voceros legislativos del
Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Al mediar la semana,
el miércoles 2 de octubre, los bloques legislativos de los dos partidos
de oposición habían decidido un retiro del Congreso, por tiempo aún
indefinido, en lo que sería el más fuerte enfrentamiento político en lo
que va del período constitucional del presidente Hipólito Mejía. El mismo mandatario
le echó combustible al fuego cuando le preguntaron en Nueva York si
estaba dispuesto a convertirse en un “ente de moderación” para buscar
una solución a la crisis política. Tras negar enfáticamente que hubiese
ninguna crisis, y en vez de aceptar el reto a la moderación, el
presidente retó a los legisladores de oposición cuando dijo que el
anunciado retiro no era más que “allante y aguaje”. El habilidoso
mandatario, olvidó su astucia política y se echó el pleito sobre sus
hombros, pudiendo dejárselo a los senadores, al extremo de advertir a los
legisladores de oposición que no recibirán pago de dietas y viáticos
mientras no asistan a las sesiones legislativas. A lo largo de la
controversia, Mejía había sostenido que no se metería en esa facultad
del Senado. La reacción
presidencial “causó indignación” al decir de voceros de la oposición
e incentivó las posiciones radicales que ya se habían manifestado en los
dos partidos. Rechazado también porque el Poder Ejecutivo no es quien
paga a los legisladores, ya que el Poder Legislativo
tiene autonomía en la ejecución de su presupuesto. Por demás, es
normal que las dietas sólo se paguen a los que asisten a las sesiones. Radicalización en el PRSC
La actuación unilateral de la mayoría senatorial ha
contribuido a la radicalización de muchos dirigentes reformistas,
encabezados por los que tienen más expectativas de asumir el liderazgo y
la candidatura presidencial del partido, como Carlos Morales Troncoso,
Jacinto Peynado, Johnny Jones, José Hazim y otros. Al mismo tiempo deja
mal parados a los que han sido señalados como más proclives a la
negociación con el gobierno, encabezados por el presidente del partido,
Rafael Bello Andino. Fuentes reformistas
coinciden en que “Bello Andino fue engañado por altos dirigentes
perredeístas y del gobierno”. La versión más generalizada es que,
promovido por Rafael Peralta Pérez, el presidente colorado recomendó a
la hija de aquel, Rafaelina Peralta y a Nelson Pantaleón González para
titular y suplente de la JCE “bajo el entendido de que sería relevado
el presidente, doctor Ramón Morel Cerda” Se dio a entender que
Morel sería sustituido por una personalidad de la sociedad civil, versión
que coincide con la oferta que en algún momento se hizo al director
ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Carlos Salcedo.
Pero luego un sector de los senadores perredeistas, supuestamente
incentivado por dirigentes del PPH, dieron marcha atrás y ratificaron a
Morel Cerda. La situación ha
reducido el espacio de Bello Andino y otros dirigentes reformistas, que
como Federico Antún han estado más proclives
al entendimiento con el gobierno. Al mismo tiempo sale fortalecida
la corriente, aparentemente mayoritaria, que busca establecer distancias
con el perredeismo y su gobierno, convencidos de que se acaba el tiempo
para tratar de convertirse en alternativa con miras a las próximas
elecciones presidenciales dentro de 19 meses. En lo inmediato, los
reformistas aparecen junto al PLD en un rechazo absoluto a la Junta
Central Electoral, que al decir de algunos de ellos no podrá ser
neutralizado por ahora, sin el riesgo de que algunos colaboracionistas
pierdan su base de sustento partidario. Se prevé largo conflicto
El retiro de los legisladores de oposición fue
ratificado por los organismos directivos de los dos partidos, que tienen
ahora la tarea de definir el curso a seguir, conscientes de que siempre es
difícil doblar el brazo a los gobiernos. En todos los círculos políticos
se asume el conflicto como dirigido por altas instancias del gobierno, más
que de su partido. En la reunión de la
Comisión Ejecutiva del PRSC que el miércoles ratificó el retiro de sus
legisladores se habló un lenguaje desusadamente fuerte. Ya el día
anterior en un comunicado el organismo había planteado que el partido
“no puede cegarse ni rendirse ante tan infausta decisión”, pidiendo
la renuncia de los jueces electorales y anunciando que entrarían en
contacto con otros sectores políticos y sociales para promover soluciones.
Mientras una comisión pedía la mediación del rector de la
Universidad Católica Madre y Maestra, Monseñor Agripino Núñez,
otras hacían contactos con la dirección del PLD y con
instituciones de la sociedad civil. Lo mismo empezaron a hacer
comisionados del PLD.
Para algunos opositores está claro que necesitan
“dar pasos efectistas, que impacten en la opinión pública y pongan
presión a un gobierno que se está mostrando excesivamente prepotente”.
Al argumento de que el tiempo corre en beneficio de la permanencia de la
actual JCE, un dirigente político advirtió que “el tiempo corre también
en camino a un frente amplio de oposición”. Por el momento no se
ve claro qué otra presión poner al gobierno, que no sean palos de ciego,
como la propuesta del senador peledeísta José Tomás Pérez de llevar el
caso a la Suprema Corte bajo el supuesto de que con la elección de la JCE
el Senado violó el artículo 22 de la ley electoral. Ese artículo se
refiere a la designación de las juntas electorales municipales,
-por la propia JCE- más precisamente de “los miembros y
secretarios de las juntas electorales y sus respectivos suplentes”,
indicando que no deberían estar afiliados a ningún partido. Aunque “si
esto no fuere posible”, permite que sean designados de dos o más
partidos. Carece de fundamento que se le pueda aplicar al Senado,
y si fuera posible, el primer desafío sería cómo demostrar ante una
Suprema Corte que esos jueces electorales están afiliados a un solo
partido. En caso de que pudieran lograrlo sería a dos y la decisión
estaría amparada en la ley. ¿Auto encerrona gubernamental? Los opositores no
tienen un camino claramente definido, y a lo mejor en algunas semanas
tendrán que volver al Congreso, pero mientras tanto ya lograron que hasta
el nuncio papal Timothy Broglio se sumara al cuestionamiento de la elección
de la JCE, causa que va a encontrar terreno fértil en la mayoría de las
instituciones sociales, que no han olvidado las manipulaciones electorales
que predominaron hasta 1994. La generalizada
convicción de que el presidente Mejía terminará aceptando la
repostulación –muchos juran que hace tiempo trabaja para ello-
determina una mayor preocupación por una junta electoral que pueda
resistir las presiones y abusos del poder que han regido todas las
reelecciones en la historia nacional y latinoamericana. Esa misma
circunstancia es lo que endurece la posición PLD-PRSC y está llamada a
incentivar su acercamiento de cara a los comicios presidenciales a
celebrarse en 19 meses. Así las cosas mientras más tiempo pase sin un
acuerdo sobre el arbitraje electoral, peor podría resultar
para el PRD y su gobierno. La inflexibilidad
podría terminar en una auto-encerrona por parte de los estrategas
gubernamentales. Nadie entiende por qué no cumplieron siquiera con los
reformistas para dividir la oposición e impedir un acercamiento entre los
dos partidos que ya en 1996 le cerraron el paso al PRD. A menos que los humos
del poder estén llevando a algunos a creer que podrán ganarle a un
frente electoral de esos partidos, que en las perspectivas económicas
nacionales e internacionales tendría demasiado campo para expandirse a
costa del gobierno. Y las encuestas han comenzado a mostrar que el PRD
podría quedarse bien lejos de la mitad más uno de los votos. La perspectiva luce
negativa para el perredeismo en el poder y la jugada del Senado ha servido
para exponer de nuevo las propias miserias del partido blanco, incapaz de
renovar su dirección por métodos democráticos, y cada vez más propicio
a los asaltos del grupo que hegemoniza el poder. Esta vez al PRD le
hace más falta que nunca un Peña Gómez. Sólo él tenía habilidad para
contener los desbordamientos de ambiciones, aunque durante los 8 años que
gobernaron eso resultó imposible. Sus más preclaros pensadores políticos
guardan un ominoso prudente silencio.
Al PRD se le ve transitando el mismo camino de los años 1978-86 y
cada vez son más los que creen que deberá pagar las consecuencias de
excluir a los de afuera y dividirse dentro. Han resultado tan
“comesolos” que hasta liquidaron el frente electoral que durante cinco
comicios sostuvieron con siete partidos minoritarios.-
03
de octubre 2002 |