La Junta Central Electoral (JCE) tiene listo un proyecto para modificar la ley electoral 275-97, adecuándola al nuevo sistema de circunscripciones, el cual deberá ser sometido próximamente a consideración de los partidos políticos y por extensión de la sociedad civil y la opinión pública en general.
Aunque en principio la JCE propuso circunscripciones uninominales, que sería lo más eficiente para identificar al electoral con su diputado, como ocurre con senador y el síndico, el nuevo proyecto no contempla ni siquiera la lista abierta o el voto preferencial que permitiría a los electores escoger sus diputados y regidores preferidos.
Ningún cambio significativo conllevan las circunscripciones si las cúpulas partidarias siguen proponiendo "listas cerradas" en las cuales quienes las encabezan nacen con un título de diputado o regidor bajo el brazo y una parte de los nominados, especialmente de las nominadas, aparecen como simple adorno.
La representación
La reforma electoral de 1997, pactada por los partidos en un proceso que impulsó la Universidad Católica madre y Maestra y otros sectores de la sociedad civil, incluyó cuatro aspectos fundamentales: el voto por circunscripciones electorales, el voto de los residentes en el exterior, el financiamiento estatal de los partidos políticos y un sistema más rígido para el reconocimiento de nuevos partidos.
Los dos primeros, que beneficiaban directamente a la ciudadanía aún no han sido implementados y se expresan renuencias a hacerlo. Los aspectos que benefician a los partidos mayoritarios hace tiempo que están en vigencia.
Muchas han sido las trabas para implementar el voto en el exterior. En general ninguno de los partidos mayoritarios parece interesado en esa reivindicación democrática, aunque algunos dirigentes y candidatos la recuerdan cuando salen al exterior en busca de contribuciones. "su ejecución se establece a partir del año 2000, pero queda a opción de la JCE la fecha definitiva en que entrará en vigencia".
En el caso de las circunscripciones para elegir diputados y regidores, se estableció "con el objeto de garantizar que los ciudadanos que resulten electos en las elecciones generales del año 2002 y subsiguientes, sean una verdadera representación del sector de los habitantes que los eligen".
El objetivo básico es identificar al elector con su diputado y su regidor, como se supone que ocurre con el síndico y el senador. Nadie vota por un paquete de candidatos a síndicos o a senadores para que resulte electo quien encabece la lista elaborada por el partido, generalmente con prácticas muy poco democráticas.
En principio se creyó que las circunscripciones serían uninominales, es decir que habría una por cada 50 mil habitantes, que es la representación establecida por la ley para los diputados. En principio la JCE propuso que así fuera, pero los partidos se pronunciaron en contra temiendo la concentración de la representación partidaria lo que devendría en un régimen menos democrático.
Se optó por circunscripciones plurinominales en el Distrito Nacional y las provincias a las que corresponda una representación de por lo menos 5 diputados, que ahora mismo son Santiago, La Vega, San Francisco de Macorís, San Cristóbal, Puerto Plata. y San Juan de la Maguana.
Objetivo mediatizado
En tal circunstancia, y a menos que se modifique la forma de escoger, el objetivo de acercar al elector y su representante, se queda por mitad de camino, puesto que en última instancia, se seguirá votando por un listado cuyo orden depende del partido, no por personas individuales.
El nuevo proyecto de reformas electorales que la JCE cometerá a consideración de los partidos no modifica las listas, agregando un acápite e) que reza: El orden de precedencia de los candidatos, para el caso de propuestas para diputados o regidores y sus suplentes, según lo establezca la asamblea o convención correspondiente". Es lo que se supone que se ha hecho hasta ahora.
Es tan elástico el proyecto, en beneficio de las cúpulas partidarias, que llega a abrir la posibilidad, "por razones de fuerza mayor" de que un candidato no resida en la circunscripción a la que se propone como representante, en cuya circunstancia "deberá someterse ante la JCE una instancia de autorización".
Lo que sí reivindica el nuevo proyecto de reformas electorales es la separación de la elección de los diputados de la del senador, y la de los regidores y sus suplentes de la del síndico. Al menos eso se interpreta del párrafo que se propone agregar al artículo 86 de la ley 275-97 que dice: "Se establecen tres niveles de elecciones, según los cargos, el nivel presidencial se refiere a la elección conjunta del (de la ) presidente y del (de la) vicepresidente de la República. El nivel provincial, se refiere a la elección de senadores y diputados. El nivel municipal se refiere a la elección de síndicos, regidores y sus suplantes". Obsérvese que, a diferencia del primer nivel, en los otros dos no se habla de "elección conjunta", lo que implica que serían separadas.
En el proyecto hay una reforma que va contra el clamor nacional de reducir el período de las campañas electorales. Se propone ampliar en 67 por ciento el plazo mínimo en que debe emitirse la proclama que convoca a elecciones y da inicio al período electoral. En la actualidad el artículo 87 establece que la proclama deberá ser publicada a más tardar 90 días antes de la fecha de las elecciones. Se propone llevarlo a más tardar 150 días antes.
La propuesta de la JCE incluye una "sincerización de los porcentajes exigidos en la ley para el reconocimiento de candidaturas independientes", lo que tendría a abrir el sistema político, facilitando la elección de personas independientes de los partidos.
Pero el porcentaje de respaldo para inscribir candidaturas independientes sigue siendo muy alto en la propuesta, hasta del 20 por ciento, cuando los electores de la circunscripción sean hasta 5 mil, y del 15 por ciento cuando no pasen de 20 mil. Se reduce a un más razonable 12 por ciento en las circunscripciones de hasta 60 mil electores, y a un 7 por ciento en las que rebasen esa cifra. La escala es lógica, pero no con tanta diferencia.
Reforma verdadera
Es obvio que el proyecto de reformas electorales podría ser enriquecido, por los partidos políticos, por la sociedad civil y la opinión pública y en última instancia por los propios legisladores.
Pero para que ello ocurra se precisará de un gran movimiento de reclamo de perfeccionamiento del sistema de representación democrática, respaldando la separación de la elección de los diputados de la del senador y de los regidores de la del síndico, contemplada en el proyecto, y reivindicando la esencia de la circunscripción electoral.
La ciudadanía dominicana tiene la madurez necesaria para ejercer plenamente su derecho a elegir sus representantes individuales, no al por mayor. Nominales, no al que la ruleta del dedazo partidario, la negociación o los amarres clientelistas indiquen.
El establecimiento del voto preferencial, mediante el cual cada elector o electora marque su diputado o regidor preferido, arrojará una mejor representación, nadie llegará a la votación con su curul bajo el brazo y habrá una competencia sana entre todos los postulados por cada partido.
El sistema, que rige en muchos países, beneficia en primer lugar a la democracia. Tanto conviene a los partidos como a los electores. De estos, no de los amarres y el clientelismo, depende la carrera legislativa o municipal. Fortalece la democracia interna de los partidos y disminuye la presión por las "posiciones ganables" en las listas. Desaparecería hasta el "dos por dos" que tantos dolores de cabeza ha dado a los perredeistas.
El voto preferencial promovería una mejor representación partidaria y los líderazgos naturales de la comunidad, elevando la calidad de los políticos profesionales, y pone en comunicación directa a los partidos y las comunidades, y promueve la rendición de cuentas, lo que haría determinar las carreras políticas de la representación de la sociedad.
La cuota del 33 por ciento de los cargos electivos en favor de la mujer sería mejor cumplida, porque podrían ser electas, aunque sigan colocándolas en las colas de los listados, razón por la cual la representación femenina no alcanza ni la mitad de esa proporción.
El voto preferencial también daría un golpe a las alianzas oportunistas, puesto que el orden en que aparecieran los postulados no garantizaría su elección, la que dependería de las simpatías, de la calidad o de la representación de candidatos y candidatas.
Todavía hay tiempo para salvar el espíritu de la reforma que ordenó las circunscripciones. Por lo menos el Partido Reformista Social Cristiano ha planteado pedido a la JCE que las listas "sean abiertas" al voto ciudadano. El Partido de la Liberación Dominicana se ha inclinado en el mismo sentido, aunque no tan claramente. Falta por convencer al Partido Revolucionario Dominicano, donde todavía muchos dirigentes favorecen un sistema más democrático de elección.
Si se trata solamente de dividir el Distrito Nacional y 6 provincias, sin alterar el sistema de elección no individualizada para diputados y senadores, es mejor que se eviten el esfuerzo. En nada cambiará la calidad de la representación ni de las prácticas políticas nacionales.-