Dice, con razón, el Presidente del Senado de la República que el poder de ese organismo le viene dado por el pueblo que le votó en las elecciones de 1998. Dice, además, que el Congreso Dominicano tiene la facultad legal y constitucional de reformar la constitución, lo cual, también es verdad.
Lo que no dijo es que la prudencia y el tacto político recomiendan que se realice un proceso de consulta y concertación con la diversidad de sectores nacionales para llevar a cabo un proyecto de la magnitud de una reforma constitucional. Lo que no dice, ni dijo, ni dirá es que la reforma constitucional tal y como la quieren presentar en la actualidad es un atentado contra la soberanía de ese pueblo que les eligió, y así lo siente una gran parte de sus electores. Tanto para el presidente del Senado, como para el presidente de la República, los resultados de la encuesta realizada por la firma Penn, Schoen & Berland publicados por El Siglo, son confiables y creíbles.
Según esta encuesta, para el 55% de la gente entrevistada debe esperarse otro momento para modificar la constitución, no importa el partido por el cual votó en las presidenciales, ni el sexo, ni el nivel educativo; poco más de la mitad de los y las dominicanos(as) mayores de 18 años piensa que este no es el momento para modificar la constitución. El 53% de los y las encuestados(as) por Penn, Schoen & Berland, además, creen que la constituyente debe ser la que modifique la Constitución de la República; sólo el 42% cree que debe ser modificada por el actual congreso.
Los resultados de esta encuesta sobre el tema cobran mayor importancia cuando se toma en cuenta la gran influencia de los partidos políticos en la opinión de la gente. De hecho, precisamente quienes dicen ser simpatizantes perredeístas son quienes apoyan que la Constitución de la República debe ser modificada ahora. En efecto, el 47% cree que debe ser ahora y el 49% cree que no debe ser ahora. De todas maneras, hay que recordar que los senadores se deben a la población en sentido general y no sólo a sus votantes, y definitivamente la mayoría de los y las dominicanos(as) desea que las modificaciones se realicen en otro momento.
Por si todo esto fuera poco, las voces que se han elevado contra la reforma a la constitución al vapor, improvisada y peligrosa que plantea los legisladores provienen desde los más disímiles litorales: diversos tipos de organizaciones de la sociedad civil (empresariales, democráticas, populares), hasta los propios partidos políticos. La insistencia de los congresistas, de quienes les apoyan y la ambigüedad del presidente de la República mueve a sospecha y envuelve en un hálito de desconfianza y peligro la estabilidad política dominicana.
¿QUÉ QUIERE ESA GENTE? La Constitución es clara en su artículo 117: "La necesidad de la reforma se declarará por una ley. Esta ley que no podrá ser observada por el Poder Ejecutivo, ordenará la reunión de la Asamblea Nacional, determinará el objeto de la reforma e indicará los artículos de la Constitución sobre los cuales versará". En ese sentido, algunas personas pueden pensar que no hay peligro de que se cuelen aspectos que no sean deseados, ya que el proyecto de ley debe estar claro. Pero, quienes han elaborado los dos últimos proyectos de leyes (el de diciembre y el actual) parecen ser fieles creyentes en la máxima de que quien hizo la ley hizo la trampa.
La oposición al proyecto aprobado por el Senado en diciembre fue casi unánime, pero los y las congresistas no se amilanaron; por el contrario, acaban de someter una nueva propuesta, en la que se consignan aspectos no considerados en la anterior. Lo interesante es observar cómo en un período de dos meses el proyecto de reforma constitucional cambió substancialmente. Claro, con el expreso deseo de atraer nuevos sectores.
En el último proyecto se le agregaron algunos aspectos difusos y a través de los cuales se puede colar cualquier cosa, además de que habla del nivel de improvisación y la poca seriedad del proyecto. En efecto, el punto 2.4 dice "corregir las contradicciones existentes en algunos artículos de la Constitución". Las contradicciones a la que se refiere no se especifican, y recordemos que el artículo 117 plantea que hay que establecer con claridad los artículos a cambiar.
Hay, además, artículos que se quieren cambiar para que digan más o menos lo mismo. En efecto, el artículo 111 es claro al decir "La unidad monetaria nacional es el peso oro", y en el párrafo IV se dice: "Queda prohibida la emisión o la circulación de papel moneda, así como de cualquier otro signo monetario no autorizado por esta Constitución, ya sea por el Estado o por cualquier otra persona o entidad pública o privada".
El proyecto de ley, en su artículo 2.24 dice "Establecer como Unidad Monetaria el Peso Dominicano", o sea se quiere sustituir la palabra Oro por Dominicano. ¿Eso es todo? Hay quienes están hablando de dolarizar la economía dominicana, ¿en qué se relaciona este aspecto con este extraño deseo de cambiar la palabra Oro por Dominicano?
Pero, hay más entre los artículos constitucionales que se desean modificar, según el artículo 1 del proyecto de ley se encuentran el 49 y el 107. El articulo 49 constitucional consigna la no reelección presidencial y que el presidente será elegido "cada cuatro año"; sin embargo, en el texto del proyecto de ley no se consigna en qué sentido será modificado dicho artículo, ¿extender el período presidencial, consignar o eliminar la no reelección? El caso del 107 constitucional es interesante, este artículo dice con claridad: "El ejercicio de todos los funcionarios electivos, sea cual fuere la fecha de elección, terminará el 16 de agosto de cada cuatro años..."
En un contexto de esta naturaleza no es suficiente que el presidente de la República diga: "Hay muchas cosas que hay que modificar, pero no incluyéndome a mí, lo que me toca a mí, yo no lo acepto", ya que después de todo, si los congresistas logran modificar la constitución en el sentido que dicen lo harán, al presidente no le quedará "otra opción" que respetar los preceptos constitucionales. Desde la sociedad civil se demanda una acción y declaración más enérgica de parte del liderazgo nacional, y particularmente mientras las cosas no se aclaren, independientemente de las declaraciones de intención todo el liderazgo político dominicano es responsable de los nefandos intentos de reforma.
RESPONSABILIDAD COMPARTIDA. No se debe ser injusto con los congresistas que están tratando de lograr consenso. Por un lado, a los sectores más conservadores y de derecha le ofrecen "la Castración Química para los violadores de los menores", además de querer establecer "el cúmulo de penas y la cadena perpetua". A ciertos sectores de la sociedad civil se les obsequia el defensor del pueblo, el tribunal de garantías constitucionales.
A los partidos políticos les ofrece la posibilidad de volver a controlar la justicia, a través del establecimiento de un extraño criterio de inamovilidad de los jueces. Este es quizás uno de los puntos más peligrosos para la democracia dominicana. En efecto, se está tratando de volver al sistema en que los jueces eran nombrados por cuotas entre los partidos y en ocasiones entre los caciquillos locales.
Partidos y políticos dominicanos no han sido enérgicos y sinceros en el rechazo a los aprestos de modificación de la constitución. De hecho muchos de ellos están de acuerdo con las modificaciones de mayor peligro para la democracia. Para colocar un ejemplo, la idea de unir las elecciones ha sido acariciada por una buena parte de los políticos dominicanos y particularmente por el presidente de la República.
En este aspecto el temor del partido que está en el poder es grande. En efecto, la elección del congreso y las autoridades municipales a mitad del período presidencial puede ser usado como un termómetro sobre el parecer de la gente del desempeño del gobierno. ¿Será por eso que el presidente insiste en decir que "hay muchas cosas que hay que modificar, pero no incluyéndome a mí, lo que me toca a mí, yo no lo acepto". Después de todo la unificación de las elecciones le conviene.
Entre los políticos el mayor nivel de responsabilidad recaerá, evidentemente, en el PRD, y quizás de ese partido quien ha visto cuál puede ser el costo político ha sido su presidente Hatuey De Camps, quien ha intentado hacerle entender al presidente los costos políticos: "le reiteré al presidente que una reforma de la Constitución de la República requiere del concurso consensuado de todas las partes" (El Siglo 8-3-2001).
Sin embargo, hay que decir que el presidente del PRD no ha logrado llevar a ese partido por los senderos de la ecuanimidad y retomar los principios de su fenecido líder, ya que el peligro que se cierne sobre la democracia dominicana es de factura perredeísta.
UN FUTURO NADA HALAGÜEÑO PARA NADIE. Según Rafael Toribio, rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo –Intec-, los congresistas se están olvidando de la historia. No recuerdan que en el 1963 un congreso dirigido por el PRD modificó la Constitución de la República, y de alguna manera los escasos niveles de participación de la sociedad de la época gravitaron sobre los resultados finales del gobierno de Bosch, y la insurrección cívico militar de abril de 1965.
Hay que tomar en cuenta que la sociedad civil dominicana ha crecido en niveles de participación y preocupación por los asuntos políticos. Lo que puede significar un enfrentamiento de gran importancia entre importantes y poderosos sectores de la sociedad civil y los políticos.
De hecho la Comisión de Reforma del Estado promovió la formación de una Comisión de Participación Popular, que elaboró una interesante propuesta sobre la participación popular en la Reforma Constitucional. Según José Antinoe Fiallo se realizaron unas 10 sesiones de trabajo, con una diversidad de organizaciones los días 17 y 28 de noviembre, 5, 12, 19 de diciembre del 2000, 9, 17, 23, 31 de enero y 1º febrero del 2001.
Los resultados de dicho trabajo evidencian que es poco lo que hay que inventar, dice José Antinoe Fiallo, citando un documento elaborado por la Comisión de Participación Popular: "Continúan teniendo vigencia los criterios de Eugenio María de Hostos en relación al tipo de Constitución que necesitamos: ‘‘Ha de ser necesaria, general, clara, precisa, concreta...’’ ‘‘Necesaria... cuando una necesidad social la reclama... es hija de la necesidad...’’ ‘‘General... debe abarcar al conjunto general de los asociados.’’ ‘‘Clara... debe patentizar su objeto...’’ ‘‘Precisa... debe decir exclusivamente... y sin ninguna ambigüedad...’’
Pero, la Comisión no ha sido escuchada, de hecho ni siquiera a podido hacer una entrega formal de los resultados. Lo grave de todo esto es en este aspecto se sigue creando expectativas, en este caso entre los sectores populares organizados, y al final no se satisfacen las expectativas. Los niveles de frustración crecen y la ingobernabilidad aumenta, así como el descontento con el gobierno, con el PRD y de paso con el partidismo tradicional.
Probablemente los intentos de reformar la Constitución se estrellen contra un enorme muro, pero el daño ya estará hecho, ya se habrá paralizado a la sociedad dominicana en discusiones de modistos y modistas sobre lo que está o no está de moda, mientras el deterioro sigue, el autoritarismo se pretende adueñar del discurso político; por suerte desde la sociedad civil crece la conciencia de que hay que ponerle un bozal al perro de Mamá Belica, que no es época de mordidas, sino de ramos de olivo, de sumar las voluntades y los brazos. Es la Sociedad Civil quien le teme a la infame Reforma a la Constitución Dominicana, porque la voracidad de unos pocos está comprometiendo el futuro de todos. Los que están liberando los demonios de la Caja de Pandora, no saben que corren el riesgo de ser vencidos y arrastrados, con todo y demonios, a la caja; esa es la puritita verdad.
* Docente del Instituto Interamericano de Desarrollo Social (Indes-BID-Intec). El análisis necesariamente no es compartido por la institución en que labora