El presidente Hipólito Mejía no podrá rehuir responsabilidades en el tipo de reforma constitucional a que se aboquen los legisladores de su partido, ni como líder del mismo ni mucho menos como jefe del Estado Dominicano y en consecuencia llamado a encabezar toda defensa de la institucionalidad y los principios democráticos.
Tiene que provocar incertidumbre y desconfianza la forma en que los legisladores perredeistas han abordado la reforma constitucional, poniendo por delante absurdos como la prolongación del período para el que fueron electos o el de establecer la "inamovilidad" de los jueces eligiéndolos cada cuatro años.
Tampoco se puede entender la precipitación como si la nación tuviera sumida en una crisis política como en la mayoría de las 35 reformas que ha sufrido la Constitución dominicana desde su proclamación hace 157 años. Esta vez la crisis podría ser creada por quienes pretenden atropellar al conjunto de la sociedad.
Persistente empeño
Tan pronto se inició la legislatura ordinaria, el 27 de febrero, diputados y senadores volvieron a insistir en que ahora sí va la modificación de la Constitución. Los presidentes de ambas cámaras legislativas volvieron a ponerse a la cabeza de quienes reclaman el derecho absoluto a reformar la carta magna.
Obviamente que los estos como los anteriores legisladores tienen amparo para esa reforma, al tener de los artículos 116-120 de la Constitución vigente. Sólo los más sectarios pueden discutir esa facultad. Más aún, quienes reclaman una reforma mediante asamblea constituyente convocada al efecto, reconocen que para ello sería preciso una previa modificación por parte del Congreso Nacional, que es por cierto el único facultado para hacerlo.
Igualmente es el único facultado para aprobar las leyes y es de uso común que escuchen la pluralidad de criterios e intereses, que busquen consenso y atiendan a los reclamos democráticos. Los mismos que magnifican sus facultades para la reforma constitucional, explican que leyes como la de electricidad, o el código monetario y financiero o la de seguridad social tengan años en el Congreso sin ser aprobadas, debido a los intereses que envuelven.
Si eso ocurre con simples leyes, mucho más justificación tiene la consulta y el consenso para modificar la madre de todas las leyes. Sin que tampoco se pretenda que ahora sean necesarios años para modificar la carta magna.
Desde luego, ya nadie podrá desligar el persistente empeño constitucionalista de la forma atropellante y vergonzante como el Senado aprobó en diciembre un proyecto de ley de convocatoria a la reforma constitucional, sin darlo a conocer previamente ni siquiera a quienes firmaban su introducción, en dos lecturas consecutivas en una misma sesión nocturna y en medio de un debate nacional sobre reformas tributarias.
Llama también la atención la ofensiva de legisladores perredeistas, ahora a la cabeza de un proyecto muy similar al que ellos rechazaron en el congreso anterior, y sus duros cuestionamientos a los sectores políticos y sociales que reclaman asamblea constituyente, cuando fue el líder perredeista José Francisco Peña Gómez quien sembró esa reivindicación democrática en la conciencia nacional y la consagró en el programa de gobierno de su partido.
Es obvio que entre la aprobación precipitada y la elección de constituyentes hay distancias enormes que podrían ser saldadas, con posiciones conciliatorias, que en cualquier caso tendrían que implicar consultas, participación y consenso. Pero no es esa la onda en que quieren situarse los legisladores perredeistas ahora con aparente apoyo del presidente de la República.
Aliento presidencial
Hasta el domingo 4 de marzo el presidente Hipólito Mejía había sacado el bulto del debate constitucional. Todo su argumento era que él no estaba en eso, que es facultad del Congreso. Y cuando se le planteó, varias veces, el intento de autoprolongación, escurrió el bulto diciendo que lo de él eran cuatro años y que a él nadie lo podía meter en eso.
Desde el comienzo se ha echado de menos una opinión responsable de un "hombre de palabra" y un gobernante tan franco como Mejía, en una degeneración democrática como es la auto-prolongación, violatoria de la soberanía ciudadana.
El pasado domingo, el primer mandatario fue más explícito y fortaleció el criterio de quienes desde el comienzo han dicho que el intento de golpe constitucional "dicembrino" contó con su visto bueno. Esta vez el presidente defendió la procedencia de la reforma, proponiendo dos temas muy legítimos, el porcentaje para ganar en primera vuelta y si se mantienen las elecciones presidenciales separadas por dos años de las congresionales y municipales.
Pero una vez más Hipólito Mejía volvió a hacerse el chivo loco en relación a la degeneración de la autoprolongación. Ausente estuvo de sus declaraciones su ya célebre "transparencia verbal", su franqueza, y no pudo ser más confuso: "Yo creo que debe ser (para ganar en primera vuelta) un 40 ó 45 por ciento y que se discuta hacer elecciones juntas".
En cuanto a la procedencia de la convocatoria: "no puedo decir ni sí ni no, sólo firmarla cuando llegue al Palacio. Hay muchas cosas que hay que modificar, pero no incluyéndome a mi, lo que me toca a mi, yo no lo acepto. Ustedes comprenderán el esfuerzo que yo tuve que hacer para ganar en la primera vuelta. Eso (el 50 por ciento) fue planificado por gente para hacerle daño a Peña Gómez".
Cuando Mejía se ha rechazado lo que "a mi me toca", se refiere a que no aceptaría la prolongación de su mandato, cosa que ocurrió en la República en 1928 con Horacio Vásquez, originando la crisis de la que emergió la tiranía de Trujillo. Y lo ha reiterado, se supone que por razones de ética o morales, o por convicción democrática.
Pero si él pone esas razones por encima del interés personal del poder, por cierto algo pocas veces registrado en la tradición presidencial dominicana, por qué hacerse de la vista gorda frente a legisladores que quieren conferirse dos años de auto mandato. ¿No se debe esperar un cierto magisterio, una guía u orientación moral y política de él que es hoy el mayor líder de su partido y pasa por la responsabilidad de afianzar el proceso democrático nacional?
Esa indiferencia presidencial es menos comprensible dadas las incertidumbres que ha despertado el nuevo intento de reforma constitucional expresado en comunicados suscritos por gran parte de las instituciones de la sociedad civil, en el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y en el liderazgo político de la oposición. Incertidumbres acrecentadas con las divergencias despertadas en el seno del propio partido gobernante, donde su presidente Hatuey de Camps, la vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch, y muchos otros dirigentes han rechazado la forma en que se lleva el proceso y han abogado por una reforma con participación de la sociedad.
La cinta adhesiva
Todavía hay quienes no entienden por qué se ha incluido la prolongación del período legislativo y municipal en dos años en la reforma. Es legítimo que el PRD quiera reducir el porcentaje para ganar la presidencia en la primera vuelta al 40 ó al 45 por ciento, como se instituye en otros países. Al fin y al cabo el consenso entre los partidos en 1993 fue en torno al 40 por ciento, y cuando se llevó al 50 un año después, fue excluyendo al perredeismo del consenso. Fue una jugada politiquera, en efecto, para cerrar el paso a Peña Gómez, como se logró.
Pero, ¿por qué la prolongación rechazada casi al unísono desde los intentos del anterior congreso, bajo hegemonía de reformistas y peledeistas y contra el PRD? Es que el "regalo" de los dos años es la cinta adhesiva que une a legisladores de todos los partidos. En el anterior congreso más, cuando los promotores no sumaban la mitad de las curules. Ahora los perredeistas y aliados son alrededor de cien. Pero aún le faltarían una veintena para completar los dos tercios que se precisan para las reformas constitucionales.
El gancho de los dos años, o la compra abierta, o ambas penas a la vez, como se intentó en el pasado gobierno, es lo que explicaría que una vez más legisladores de la oposición estén dispuestos a pasar por encima de los planteamientos de sus propios partidos para aprobar una reforma constitucional, por demás rechazada ampliamente por la sociedad.
Tan interesada como la de los legisladores perredeistas, es la posición política que preconiza que la reforma constitucional no puede hacerse este año. Al final de su período, el presidente Leonel Fernández la había propuesto justo para este 2001, por ser un año sin campaña electoral.
Las divergencias, aparte de la prolongación y de los intentos por liquidar la inamovilidad de los jueces, aparecen centradas en la forma, en el método para reformar la Constitución. Tal vez pueda aparecer un punto equidistante, una transacción entre un proceso de elección de constituyente, largo y complejo, -que al final no garantiza que los partidos no saldan con la mayor parte del pastel-, y la precipitación y exclusión con que se encamina la reforma.
Por el momento hay poca receptividad entre los perredeistas. Tal vez alguien deba recordarle los errores del pasado gobierno y la forma en que se le diluyó el poder. Mucho tuvo que ver con la prepotencia y la soberbia frente a sus opositores políticos y frente a la "llamada sociedad civil", tan aplaudida cuando coincide con los gobernantes, y tan despreciada y vilipendiada cuando defiende sus derechos. Por de pronto son cada vez más los que revalúan lo que significó José Francisco Peña Gómez en el país y en el PRD.-