Sin caer en actitudes prepotentes y autoritarias, el gobierno tendrá que cuidarse en futuras negociaciones de no afianzar la imagen de debilidad que ha exhibido al dirimir diferencias con sectores diversos de poder.
Si los negociadores oficiales lucen muy generosos a la hora de debatir con la pluralidad de intereses sociales, podrían encontrarse con un rosario inconmensurable de exigencias y desbordamientos, como advirtieron dirigentes empresariales la semana pasada y como plantea el gremio magisterial con su demanda de alza salarial del 100 por ciento.
La última desafortunada negociación gubernamental tuvo efecto con la Asociación Médica Dominicana a cuyas demandas -algunas irracionales- se respondió con tan amplias concesiones que rompen el consenso que se había logrado en torno el proyecto de ley de seguridad social y lo hacen financieramente inoperante.
Cantó como gallo…
Al gobierno del presidente Hipólito Mejía se le ha reconocido su espíritu de diálogo y su apertura al conjunto de la sociedad, aunque el verbo del mandatario por momentos se puede configurar en los ribetes de la prepotencia y hasta del autoritarismo.
Sin embargo, los que conocen más a fondo al presidente Mejía suelen convenir en que él es "más boca que otra cosa" y que sus buenos sentimientos humanos le impiden comportarse en la práctica como un autócrata, ni repotamente al estilo balaguerista. Ni siquiera al de Leonel Fernández, quien aprendió demasiado rápido de Joaquín Balaguer las malas artes de tirar la piedra y esconder la mano.
Fue considerado positivo que el gobierno hiciera concesiones en relación al paquete de reformas tributarias, y no repitiera el error de su antecesor quien pretendió que sus opositores le aprobaran el cien por ciento de su proyecto original. Esa actitud al diálogo permitió la aprobación en relativamente corto tiempo de las reformas, lo mismo que del proyecto de presupuesto para el año en curso.
Pero concluyó aprobando un régimen de Itebis a la mitad (6 por ciento) para la publicidad, después de semanas defendiendo la procedencia completa del impuesto. Una claudicación frente al poder fáctico de los medios de comunicación, que sin embargo, no son los que van a pagar el 6 por ciento como tampoco hubiesen pagado el 12. Se supone que eran los anunciantes y que estos más allá de unos pocos días, no dejarían de anunciarse por un seis por ciento más o menos.
La capitulación fue fuerte también frente a los comerciantes, en relación al pago anticipado del 1.5 por ciento del valor de los ventas netas con cargo al impuesto sobre la renta. Primero se exceptuó del mismo a los negocios que vendieran hasta 2 millones de pesos. Como los comerciantes comenzaron algunas protestas, se elevó a 6 millones, es decir se triplicó, enviando un nuevo proyecto de reformas al Congreso.
Ya el 21 de septiembre el gobierno modificó la resolución de Industria y Comercio que reducía proporcionalmente los márgenes de beneficios de los distribuidores de combustibles y erogaba la disposición que permitía vender por debajo de la tarifa oficial, vista como una forma de promover la eficiencia y la competitividad.
Ahora que el gremio médico obtuvo todo lo que pedía, incluyendo el adefesio de consagrar en la ley de seguridad social las formas de contratación de los profesionales de la salud, dirigentes empresariales, incluyendo al presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Marino Ginebra, advirtieron de los riesgos que comporta la imagen de debilidad.
En el almuerzo de los medios de comunicación del grupo Corripio, Ginebra dijo abiertamente que si las amenazas de huelgas y el chantaje era el camino para obtener concesiones del gobierno, ellos tendrán que pensar bien si no deben trillarlo en el mismo como en otros casos.
Roto el consenso
Las amplias concesiones otorgadas a la Asociación Médica Dominicana (AMD) estaban inspiradas en el sano propósito de lograr que la trascendental ley de seguridad social naciera con un consenso total, que incluyera a un sector tan importante como el de los profesionales de la salud. Más específicamente los médicos, ya que las enfermeras y otros sectores habían declinado sus reservas y rechazos, tras liberarse de la manipulación de un grupo de médicos gremialistas.
El asunto es que la generosidad amarró por un lado pero rompió por otro, con el agravante de que introdujo verdaderas distorsiones en el proyecto de ley. Sumó a los médicos, pero restó a las asociaciones empresariales y a la asociación de clínicas privadas.
Y el grito no es mayor porque muchos sectores no se han enterado de cómo la voluntad de una parte de los médicos ha sido sobrepuesta al interés colectivo. Es el caso de los trabajadores privados que aún cotizan para el Instituto de Seguros Sociales, a quienes, ahora junto con sus familiares, se les obliga a permanecer en el mismo durante 5 años. (Modificacion 16 pactada con la AMD, referente al artículo 164 del proyecto original)
Peor aún es lo estipulado, en la misma modificación, para los empleados públicos y de instituciones autónomas y descentralizadas del Estado que ya disfrutan de seguros médicos e igualas privadas, a quienes se "concede" la gracia de que podrán mantener sus reivindicaciones "por un período de dos años". En otras palabras, se les obliga a irse para una aseguradora pública, aunque tengan décadas en una privada, como es el caso de los empleados del Banco Central, Banco de Reservas, CDE, y decenas de entidades del Estado.
La modificación 17 pactada con la AMD es tan generosa que detalla formas de contratación de personal profesional del sector salud, sólo de ellos, y consagra el establecimiento anual de tarifas mínimas de honorarios profesionales. Pero se olvida de que entonces debería haber también tarifas máximas, para proteger también a los usuarios y al Estado.
Cogiéndolo suave
La impresión generalizada entre los que siguen el debate, es que la AMD, con su amenaza de parar los hospitales se agenció una serie de concesiones para seguirlo cogiendo suave en el sistema público de salud, tanto hospitales del Estado como del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
Han sido tan ventajosos que lograron una ampliación enorme de la clientela de esos centros de salud, garantizándose a todos los empleados del Estado y a sus familiares, a la inmensa legión de los trabajadores por cuenta propia, "en forma gradual", y a todos los indigentes, discapacitados y desempleados, que se supone han sido su clientela básica.(modificación 5) Pero bajo el régimen laboral que los médicos imponen. Por eso rechazan la privatización, en la que sin embargo participan como profesionales y a la que han apelado como gremio para garantizarse servicios adecuados.
Desde luego, en los acuerdos pactados con los médicos hay asuntos que ambas partes saben que no podrán ser cumplidos, como garantizar un pensión a los dominicanos y dominicanas que al afiliarse al sistema de pensiones sean mayores de 45 años, y que por tanto ya no alcanzarán a aportar (ellos y sus empleadores) los recursos necesarios para su retiro, como se indica en la modificación 7. Lo mismo ocurrirá con otras previsiones cuyos beneficios se elevan en el acuerdo con la AMD, como forma de esta disimular la defensa de su interés sectorial.
Tales acuerdos se pactaron sin previos estudios que indicaran os montos que significarán para el Estado. Por ejemplo crear pensiones en los próximos 10 a 20 años para cerca de dos millones de personas que al promulgarse la ley pasarán de 45 años. El acuerdo indica se creará un "fondo especial" con cargo a los diferentes programas sociales contemplados en el Presupuesto Nacional.
Para dar una idea de la carga que ese solo punto conlleva, si este año hubiese que pagar pensiones a un millón de retirados, es decir sólo al 12.50 por ciento de la población, a razón de 3 mil pesos (para que sea mínima), implicaría 36 mil millones de pesos al año, o sea el 55 por ciento del presupuesto del 2001. Quien los pagaría? En cuánto habría que elevar el itebis y otros impuestos?
Desde luego, sería maravilloso que todos los que hoy tienen más de 45 años puedan retirarse dentro de 5, 10 o 15 años, con una pensión que les permita vivir dignamente. Pero si el sistema de seguridad no existía en la mayor parte de sus vidas productivas, quién les pagará el retiro. Más bien tal previsión podría estar castrando antes de nacer el sistema con que se pretende proteger en el futuro a las nuevas generaciones, quienes ahora mismo empiezan su productividad.
El proyecto fue aprobado por el Senado la semana pasada, con las modificaciones acordadas con la AMD, pero perime al concluir la legislatura, segunda consecutiva que le pasa, por lo cual habrá que empezar de nuevo. Para entonces se verá si el empresariado utiliza los mecanismos de abierto chantaje que dieron resultado a la AMD.
Mientras tanto, ya la Asociación Dominicana de Profesores ha sido estimulada a comenzar sus movilizaciones en pro de un aumento salarial para los maestros del 100 por ciento. Quieren que el pago por tanda se lleve de 2 mil 500 a 5 mil pesos mensuales. Seguramente que un nivel bien justo, pero que significará una erogación enorme para los 60 mil profesores del sector público. Quién lo cubrirá? Del presupuesto de este año? De dónde sacarán una partida adicional cercana a 2 mil millones de pesos al año? Se plantará esta vez el gobierno? Permitirá el paro de las escuelas públicas?