IMAGEN LEGISLATIVA
LOS REITERADOS INTENTOS DE GRUPOS DE
LEGISLADORES PARA PROLONGAR SU
MANDATO HA CONTRIBUIDO A PERJUDICAR SU IMAGEN ANTE LA SOCIEDAD
POR JUAN BOLÍVAR DÍAZ
No le falta razón a los legisladores que han reclamado tanto al gobierno como a la dirección de los partidos que debieron tomarlos en cuenta a la hora de discutir y firmar el Pacto para la Reforma Constitucional, lo que hubiese facilitado su ejecución.
Las protestas deben aleccionar al liderazgo político y de la sociedad civil para que cuanto antes trasladen al Congreso el escenario de la negociación cuando implique consecuencias legislativas, lo que tenderá a fortalecer esa instancia institucional.
Sin embargo, los legisladores deben reconocer que ellos son parte del mismo sistema de partido, aún lejos de la solidez democrática-institucional, y que han perjudicado la imagen del Congreso, especialmente con los antidemocráticos intentos de autoprolongación del mandato popular, que los descalificaron para reformar la Constitución.
Reclamo razonable
La ejecución del Pacto para la Reforma Constitucional, firmado por el Presidente Hipólito Mejía con los tres partidos mayoritarios ha tropezado con la resistencia de numerosos legisladores de ambas cámaras.
En unos predomina la frustración de sus intentos de realizar una reforma a la carta magna a la medida de sus intereses políticos y hasta personales. Pero otros reaccionan molestos por no haber sido tomados en consideración a la hora de la negociación que culminó en el acuerdo tripartito.
Entre estos últimos se cuentan los más preocupados por el fortalecimiento del Poder Legislativo, como instancia institucional del Estado, incluyendo al presidente del Senado, Andrés Bautista García.
Es más que legítima la aspiración de estos legisladores de acabar con la vieja práctica caudillista y autoritaria que lleva a las cúpulas partidarias a pactar acuerdos que implican legislación, sin siquiera consultar a los voceros de los grupos parlamentarios o a los presidentes de las cámaras.
Lo ideal es que en estos casos el escenario de negociación sea el Congreso Nacional, aunque para ello se requiere de un liderazgo congresional más a tono con el resto de la sociedad y que no aparezca tan empeñado en autoreivindicaciones y en negar el derecho de la ciudadanía a ser escuchada por sus representantes.
Tal vez el modelo a seguir sea el de la ley general de Seguridad Social que implicó una amplia consulta a nivel nacional, con todos los sectores involucrados, desde los empresarios y los asalariados, a los profesionales y empresas prestadoras de servicios.
En este caso, fue el Senado quien tomó el liderazgo, presentando y promoviendo un proyecto de ley, a través de una comisión especial. Los senadores mismos llevaron las negociaciones hasta el final, escogiendo los escenarios y disponiendo de los recursos que demandaba el esfuerzo.
Más aún, a diferencia de lo que ocurrió con la reforma de Código Laboral en la primera mitad de la década pasada, el consenso para la Seguridad Social no requirió de madiadores ni involucró directamente al Presidente de la República. Por el contrario, algunas de las dificultades del proceso provinieron de funcionarios del Poder Ejecutivo, como el secretario de Salud Pública y el director del Instituto Dominicano de Seguros Sociales.
El problema con el Pacto para la Reforma Constitucional es que en alguna medida fue concretado para frenar el desbordamiento legislativo que pretendía algo tan insólito como la reforma de la Constitución sin contar con el máximo liderazgo político.
Y la prisa, especialmente en el Poder Ejecutivo que presionó el acuerdo, impidió que se pusiera atención a la sugerencia de una de las instituciones involucradas en su seguimiento, la cual pidió que se incluyera a los presidentes de las dos cámaras legislativas en la firma del pacto. Se dijo que ya no había tiempo para involucrarlos.
Auto-descalificación
En contradicción con la amplia consulta y voluntad de negociación puesta en práctica para la seguridad social, en materia de reforma constitucional los congresistas se empecinaron en atribuirse una autonomía por encima del resto de la sociedad. Hasta el punto que pretendieron pasarle por encima al liderazgo de sus propios partidos y al Presidente de la República, que con el Pacto le han devuelto la pelota con un mensaje de que ellos son más determinantes.
Ninguno de los senadores militantes en el asunto ha podido explicar cómo se puede consultar ampliamente para las leyes y al mismo tiempo reclamar absoluta autonomía para modificar la Constitución, es decir la madre de todas las leyes.
El asunto comenzó mal desde diciembre, cuando el Senado aprobó de sorpresa, sin previo aviso, en dos lecturas consecutivas para no dar tiempo a ninguna reacción, todo un proyecto de reforma constitucional que involucraba asuntos tan conflictivos como la posible extensión del período para el cual fueron electos, con el pretexto de volver a unificar en el mismo año las elecciones congresionales y municipales con las presidenciales.
Con sobrada razón se acuñó la frase de que el Senado había actuado con casi todos los agravantes del código penal dominicano, es decir con premeditación y alevosía, acechanza y nocturnidad.
Un daño severo
Los intentos de reformas constitucionales al vapor protagonizados desde el Congreso Nacional datan del período constitucional anterior. Comenzaron en 1997 y alcanzaron preminencia en 1998. En esos dos años se contaron unos cinco intentos, pero todos fracasaron, en vista de que tuvieron de frente al Partido Revolucionario Dominicano, entonces en la oposición.
Diversos intereses hacían converger a legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, entonces gobernante, con los del Partido Reformista social Cristiano y algunos perredeístas. El objetivo básico que perseguía el gobierno era eliminar la prohibición de la reelección presidencial para abrir esa posibilidad al presidente Leonel Fernández. Otro objetivo fundamental era revocar la inamovilidad de los jueces para reducir el espacio de independencia ganado por el Poder Judicial.
Desde entonces se utilizó la extensión del período legislativo como "cinta adhesiva" para ganar votos oportunistas de senadores y diputados, por encima de los principios, las posiciones y los intereses de los partidos.
Con el cambio de gobierno no murió el intento, que reapareció en diciembre del 2000, de nuevo bajo la supuesta necesidad de unir las elecciones congresionales municipales y presidenciales. Pero rechazando el camino lógico que sería elegir un congreso por dos años o por seis. Ahora eran los perredeistas los que encabezaban el intento, manteniendo la cinta que adhería (el regalo de 2 años) a legisladores de los demás partidos.
El persistente intento de prolongación del período desacreditó enormemente el Congreso y obligó a las direcciones de los partidos a enfrentarlo. Lo mismo a las más diversas instituciones de la sociedad civil, que publicaron varios comunicados firmados por cientos de ellas, incluso las de mayor peso en el mundo empresarial, sindical, de las iglesias, académico, y social en general. Hubo al respecto hasta una carta pastoral del Episcopado.
La opinión pública, a través de los más diversos medios de comunicación, dejó virtualmente solos a los legisladores en ese intento, pese a lo cual algunos reaccionaron con prepotencia, reivindicando que ellos y solo ellos eran los que tenían que modificar la Constitución. Es decir, negando el consenso que la sociedad y el mismo congreso habían proclamado como base de las reformas de todo género ejecutadas en los últimos años.
Peligrosa alternativa
Los intentos de auto-prolongación, que todavía algunos no logran entender que conspiran contra los principios básicos del orden constitucional y la democracia representativa, han afectado la imagen del Congreso más que los tráficos de intereses económicos frecuentemente denunciados.
Le han dañado más que la práctica, bastante generalizada entre los legisladores, de negociarse financiamiento del presupuesto nacional para fundaciones y otras pantallas como manera de cubrir costos de sus carreras políticas. O de tratar de competir con el Poder Ejecutivo instituyendo "planes sociales" en ambas cámaras legislativas.
Dentro de esa perspectiva, los legisladores están a la defensiva frente al conjunto de la sociedad, y ahora también del Poder Ejecutivo y el liderazgo de sus propios partidos. Y la alternativa de ignorar o modificar el pacto puede ser bien peligrosa.
Ya algunos dirigentes políticos han adelantado que iun desconocimiento del pacto crearía una crisis institucional, puesto que implicaría un desafío de los legisladores a su liderazgo político y al propio presidente Hipólito Mejía.
Peor aún por cuanto quienes motorizan el desafío son los legisladores oficialistas, que exponen al ridículo tanto a su partido como al gobierno. Nadie creería que una alteración del pacto no contaría con la voluntad implícita del presidente y su partido.
Por demás, a los perredeistas les causaría mucho daño ignorar que ese pacto es fruto de presiones del conjunto de la Sociedad, inquietada, sometida a un largo e innecesario proceso de incertidumbres constitucionales. Conllevaría un costo político desafiar un acuerdo que la opinión pública ha saludado con esperanzas de que abra paso a otros consensos que requiere la nación.
De cualquier forma, los legisladores deben dejar constancia, para el futuro, de que ellos tienen que ser tomados en cuenta en las negociaciones que los involucren.
Mientras tanto, los perredeístas tienen la oportunidad de reconciliarse con los principios y programas partidarios y con la memoria de José Francisco Peña Gómez, el gran promotor el consenso para las reformas, de la Asamblea Constituyente y de la participación amplia de la sociedad en la misma.-
20 de Octubre, 2001
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