La búsqueda de un círculo virtuoso de
respeto y confianza es más necesario que nunca
Ramón Tejada Holguín / EL SIGLO
La espiral de irrespeto a pactos y acuerdos ha traído graves consecuencias para el sistema político y el desarrollo social y económico de los dominicanos. Una de "las grandes" enseñanzas de Balaguer ha sido hacer acuerdos momentáneos que le den un respiro ante una situación de crisis, como una forma de ganar tiempo.
Lo hizo con la oposición durante el régimen de los doce años (1966-1978) y con sindicalistas y grupos comunitarios en el gobierno de los diez años (1986-1996). Pero, era otra la sociedad dominicana de aquella época. Mucho ha cambiado el país y el mundo. La ciudadanía no es la misma, ni los reclamos de democracia y participación son vistos como estrategias de los enemigos de la libertad, cual antaño lo veía un sector del gobierno estadounidense. Lo que le garantizaba un apoyo a cualquier gorila anticomunista.
La necesidad de legitimarse ante la ciudadanía dominicana aumenta a medida que se reducen las posibilidades de permanecer en el poder a través del fraude, y de que la privatización y modernización del Estado reduce los recursos para ser usados de manera clientelar y patrimonial.
No es que se haya eliminado el uso clientelista y patrimonialista de los bienes estatales, pero ya no se dispone de la cantidad de recursos de antaño, y el apoyo de los socios comerciales ya no está determinado por "la necesidad de detener el avance del comunismo.
Hay, pues, que competir por el voto ciudadano cada cuatro años y por mantener el apoyo de los sectores más activos de la sociedad en la política cotidiana. Ahora es más necesario que nunca demostrar que se sabe cómo administrar la cosa pública, tanto en condiciones normales como durante una crisis. Una ciudadanía diferente está surgiendo en República Dominicana, y para adecuarse a ella, los políticos ya no pueden verse a sí mismos cual si fueran una casta colocada por encima del resto del cuerpo social.
Sus acciones deben tener niveles de legitimidad entre un conglomerado social cada vez más heterogéneo y participativo.
UN PUEBLO QUE NO CONOCE SU HISTORIA ESTÁ CONDENADO A REPETIRLA. Más de una vez hemos dicho que la incertidumbre que hoy se está padeciendo en el plano de las reformas constitucionales es consecuencia directa tanto de la forma en que se negoció el Pacto por la Democracia en 1994, como del posterior irrespeto a una parte de los acuerdos a los que llegaron los partidos políticos.
Entre los acuerdos del Pacto por la Democracia se consignó que el período presidencial se redujera a 18 meses, sin embargo, los congresistas aprobaron reducir el período presidencial a dos años. Hay quienes han dicho que los efectos negativos del irrespeto del Pacto por la Democracia no fueron tan graves y sostienen que las consecuencias de que los congresistas no honren el actual Pacto para la Reforma Constitucional serán mínimos y olvidados con rapidez. Pero, no es así.
Si analizamos los principales puntos en conflicto cuando de reforma constitucional se habla, veremos que la discusión versa sobre la necesidad de cambiar lo modificado en 1994. La cantidad de energía gastada en discusiones inútiles y pueriles ha sido enorme. Además, el Pacto por la Democracia potencializó la desconfianza entre los tres partidos políticos, lo que trae dificultades para la concertación y las negociaciones dentro del sistema de partidos.
Se dirá que estamos diciendo una perogrullada, una verdad que no necesita demostración, algo que todos saben. Pero, no. Al parecer un reducido sector del Congreso dominicano, y algunos líderes políticos que lo apadrinan no han entendido los nuevos tiempos y los cambios que se han dado en el panorama internacional. Hay que recordarles constantemente esa necesidad de legitimación ante la ciudadanía, y las nefastas consecuencias que ha tenido la violación de lo pactado.
ALGO NO HUELE BIEN EN EL CONGRESO. Los aprestos para desconocer el "Pacto para la Reforma Constitucional", firmado por los tres partidos mayoritarios, con el presidente como testigo, y ante los ojos de una Comisión de Seguimiento de la cual, además de los tres partidos mayoritarios, forman parte Melba Barnett, coordinadora nacional de Participación Ciudadana, el abogado Ramón Tapia Espinal y monseñor Agripino Núñez Collado, no vienen única y exclusivamente de un senador que se ha convertido en el hazmerreír de una parte importante de la sociedad dominicana.
En efecto, en apariencias a la cabeza de quienes quieren irrespetar lo pactado se encuentra el tristemente célebre senador por Santiago Rodríguez, Darío Gómez, quien el martes pasado sometió su sempiterno proyecto de ley para modificar la Constitución. Cabe anotar que según declaraciones del presidente del Senado, Andrés Bautista García, una parte importante de quienes firmaron la propuesta de Gómez lo hicieron engañados, creyendo que firmaban un documento previamente consensuado por el bloque de senadores perredeístas o las firmas eran las mismas que se tenían desde antes del pacto de los tres partidos (Declaraciones en Despierta con CDN, jueves 4-10-2001).
No se trata de ridiculizar el proyecto de Gómez, el cual como él mismo ha confesado, tiene la virtud de haber sido redactado por su hija, que es estudiante de derecho, ya que el intento de cambiar todos y cada uno de los artículos de la constitución y, además, agregar alrededor de 40 nuevos es ridículo por sí mismo. Ahora bien, algo está pasando en el Senado que, a pesar de que la mayoría de los senadores dicen que honrarán el acuerdo, envían a una comisión el conocimiento del proyecto de ley, mientras que el proyecto que debió elaborarse conteniendo los cuatro puntos acordados por los partidos no ha sido siquiera redactado.
LAS HIPÓTESIS. En apariencias lo que ocurrió el martes en el Senado se motivó en que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo no entregó un proyecto de ley de convocatoria a una Asamblea Revisora de la Constitución contentivo de los cuatro puntos aprobados por los tres partidos mayoritarios del país. Este funcionario entregó una carta del Presidente de la República en la cual se remitían los resultados de la Comisión Especial para la Reforma Constitucional, creada por decreto No. 410-01 del 21 de marzo del 2001.
Esos documentos remitidos son: a) el anteproyecto de ley que declara la necesidad de la reforma de los Arts. 117 y 118 de la Constitución, b) la nueva redacción que se sugiere para los Arts. 117 y 118 de la Constitución, y c) las sugerencias de reforma a la Constitución vigente, propuesta por la comisión, sobre la base del anteproyecto del Consejo Nacional para la Reforma del Estado (Conare), las cuales servirían de insumo para los trabajos de una eventual Asamblea Nacional Constituyente.
Según uno de los miembros de la Comisión de Seguimiento al Pacto para la Reforma Constitucional, el doctor Ramón Tapia Espinal, la remisión de todos estos documentos fue una "torpeza, porque el hecho de haber mandado todo el paquete da lugar a que ahora ellos se consideren facultados, implícitamente para introducir iniciativas" (El Siglo, 4-10-2001). Hay quienes han hablado de negligencia de parte de la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, otros han visto en la remisión un intento de desconocer el Pacto de parte de un sector relacionado al Presidente de la República.
Un análisis detenido de los hechos evidencia que más bien se trató de un error de parte del consultor jurídico y no un intento de desconocer el Pacto de parte de la Presidencia de la República. El ingeniero agrónomo Hipólito Mejía se ha vendido como un hombre de palabra. La cual fue puesta en entredicho por diversos sectores de la sociedad dominicana y los socios externos a raíz de la elección de los tres jueces faltantes de la Suprema Corte de Justicia.
Para nadie es secreto que el Presidente de la República tiene relaciones muy estrechas con la presidenta de la Cámara de Diputados y con el presidente del Senado. En otras palabras, estas personas fueron elegidas porque el Presidente orienta a una parte del Congreso dominicano. Por lo tanto, el irrespeto del Pacto se verá como un cuestionamiento a su liderazgo o, en el peor de los casos, se dirá que el Presidente lo propició.
Si bien Mejía puede decir que a fin de cuentas sólo fue un testigo del pacto, y salvar la cara frente a una parte de la ciudadanía, esto afectará su credibilidad frente al liderazgo político en un momento en que recién ha hecho un llamado a la unidad de la nación para enfrentar los tiempos difíciles que se avecinan. (Discurso presidencial del 2-10-2001, El Siglo, 3-10-2001)
Por otro lado, algunos congresistas relacionan el pacto con las luchas intestinas dentro del PRD, ya que piensan que poniendo en dificultades el pacto ponen en dificultades al presidente del partido, Hatuey De Camps, quien ha sido uno de los más entusiastas defensores del mismo. Lo que no saben es que enlodando se enlodan más.
Muchas hipótesis pueden manejarse sobre lo que está ocurriendo en el Senado de la República, pero todas terminarán apuntando al hecho de que en el fondo las acciones dentro del Congreso tienen las características de un llamado a la transacción. Se está pagando el costo de no haber incluido al liderazgo del congreso en los procesos de negociación de los cuatro puntos a modificar en la Constitución; y este sector quiere dejar claro cuál es su poder y ver si existe alguna posibilidad de lograr incluir algún punto que le beneficie. Que los senadores dominicanos enviaran a estudio de una comisión la cantinflada de Darío Gómez sólo se entiende si de lo que se trata es de ganar tiempo para la negociación.
¿CÓMO CONCLUIRÁ ESTE DRAMA? Según la correlación de fuerzas, sólo existen tres opciones: 1) se elabora y aprueba un proyecto de ley de convocatoria a Asamblea Revisora tal y como fue convenida por el PRSC, el PLD y el PRD; 2) ya que los senadores y diputados rebeldes no tienen las fuerzas suficientes como para aprobar algo diferente a lo pactado, pero sí pueden evitar que el acuerdo sea honrado, la segunda opción es la de que no se aprueba ningún proyecto; y 3) se da apertura a un nuevo proceso de negociación entre los partidos y los congresistas, de manera que se añade uno o dos puntos de interés de los senadores y diputados, y/o se elimina alguno de los aspectos incluidos entre los cuales, de ninguna manera, será posible incluir la extensión del período presidencial en dos años.
No hay otra opción diferente a estas tres. De todas, la primera opción es la que tiene mayores probabilidades de materializarse y la que salvaría la cara del liderazgo político nacional que firmó el pacto, y particularmente del PRD, cuyos senadores están a la cabeza de la rebelión. Además, contribuirá a enviar un mensaje que estará en consonancia con la solicitud que realizó el Presidente al liderazgo político y particularmente a sus críticos. En efecto, en el discurso citado más arriba dijo "sólo le pido a mis críticos que piensen en el país y pongan a la nación por encima de todo. El principal enemigo que nos acecha es el pesimismo y la desconfianza." (El Siglo, 3-10-2001)
Resulta lamentable el espectáculo que ofertan algunos senadores perredeístas, los cuales van en contra del discurso presidencial. Un discurso que pudo ser más creíble e impactante de haber estado acompañado de un mensaje de que el pacto será honrado en el Congreso Nacional. La pelota está en la cancha de la presidencia y del PRD: es el momento de patear un gol que sea celebrado por toda la nación.
7 de Octubre, 2001
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