El gobierno sigue esperando agosto para anunciar un plan para enfrentar la crisis económica, e imponer austeridad mientras crecen las demandas y protestas sociales

Con el petróleo acercándose a los 150 dólares por barril se generaliza el consenso de que el país está ya sumido en una crisis económica que amerita urgentes decisiones gubernamentales que sin embargo se aplazan para el mes próximo a la espera del inicio del nuevo período de gobierno.

El incremento de los precios de los combustibles, del transporte de pasajeros y de carga, y de los alimentos eleva las expectativas inflacionarias en tanto se generaliza la convicción de que no hay margen para aumentar los tributos y que se impone una drástica reducción del gasto público, comenzando por los subsidios.

Las inquietudes sociales también se intensifican en los últimos días, con protestas y demandas que han obligado al gobierno a abrir negociaciones con los médicos y los transportistas, mientras un aumento del 50 por ciento al sueldo de los diputados incentiva los reclamos de revaluación salarial.

El diagnóstico del CONEP

La semana comenzó con la presentación de un diagnóstico del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) sobre la situación económica y los retos que afronta, sobre el cual presentará propuestas en las próximas semanas.
El documento contiene una crítica a las políticas implementadas, especialmente en el ámbito energético y el gasto público, muy en particular a los subsidios, en detrimento de la inversión en salud y educación, y las disposiciones monetarias que han estimulado las importaciones, y desincentivado la producción nacional y las exportaciones, con el consiguiente escalamiento del déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos, que este año superaría los 4 mil millones de dólares. Deplora un modelo de crecimiento desequilibrado que deja rezagados los sectores de la economía real –industria, agropecuaria, minería, turismo, zonas francas y construcción- que sólo crecieron 23.6 por ciento en 7 años, en tanto privilegia el comercio, las finanzas, comunicaciones y energía, que se incrementaron 106 por ciento en el mismo período.

El diagnóstico muestra preocupaciones por el desequilibrio fiscal y sus repercusiones macroeconómicas, sosteniendo que los frutos de las tres reformas tributarias del período gubernamental que termina se han consumido en incremento del gasto público, especialmente en el subsidio a la energía.

Señala que esta nación es de las más caras, y que cimentar el crecimiento de la economía en base al anclaje del tipo de cambio, mientras los costos internos siguen subiendo tiende a elevar la vulnerabilidad del país ante los choques externos.

Para el sector empresarial a no hay fuentes impositivas susceptibles de generar mayores recursos sin provocar serias distorsiones y afectar la competitividad, por lo que consideran que las dificultades de la economía tienen que enfrentarse con importantes reducciones del gasto público y la reorientación de las políticas sociales.

Desguañangue fiscal

Entre economistas, empresarios y analistas crece el consenso de que la reciente reelección presidencial ha conllevado lo que Bernardo Vega acuñó como desguañangue de la economía, que condujo a las autoridades monetarias a reducir el circulante a costa de más de 400 millones de dólares sacados de las reservas, y con la elevación de las tasas de intereses y el encaje de la banca denunciado como de efectos perjudiciales a las actividades productivas por el veterano banquero Alejandro Grullón.

No sólo el CONEP diagnostica un panorama preocupante, sino que Vega, Carlos Despradel, Eduardo García Michel, Apolinar Veloz y otros reconocidos economistas hablan abiertamente de aprietes, y de crisis económica, financiera y energética, en tanto deploran que las autoridades no hayan informado a cuánto asciende el déficit fiscal de la primera mitad del año, determinado por el interés electoral.

Según García Michel entre enero y marzo se registra un déficit de caja de 8 mil millones de pesos, que podría ser mayor. Eso a pesar de que el gobierno recibió 4 mil millones de pesos que no se esperaban, por efecto de los beneficios de la venta de acciones de la licorera Brugal. Según un "informe preliminar" de la secretaría de Hacienda las recaudaciones crecieron un 10 por ciento en el primer semestre, pero el gasto corriente se incrementó en 33 por ciento.

Analistas como Alejandro Fernández, Miguel Guerrero, Rafael Toribio, Fausto Rosario, Enmanuel Castillo y César Pérez han considerado que la situación económica se escapa de control y que el gobierno no tiene por qué esperar al 16 de agosto para proponer un plan de contingencia frente a los desequilibrios externos e internos. Hasta funcionarios del nivel del secretario de Economía Temístocles Montás, el subsecretario de Planificación Guarocuya Félix y el superintendente de Bancos Rafael Camilo han reconocido que ese plan no podrá basarse en nuevos incrementos de los tributos, sino en reducción del gasto y austeridad.

Preparan seminario

Llama la atención la reducción del ritmo de las reuniones que venía realizando el presidente Leonel Fernández con su gabinete económico. Se había anunciado un seminario para fines de este mes, pero el jueves el bien informado reportero de HOY Manuel Jiménez informó que será en los primeros días de agosto, y que se ha postergado la toma de decisiones hasta la nueva juramentación del mandatario el 16 de ese mes.

Pareciera que la crisis ha tomado de sorpresa al gobierno, pero fuentes bien informadas indican que no es así y que desde antes de las elecciones ya los técnicos de la secretaría de Economía y Planificación habían identificado los diversos escenarios de crisis con sus respectivas opciones.

Los analistas enfatizan que todos los diagnósticos y las políticas a ser adoptadas están contenidos en numerosos estudios, por lo que sobraría un nuevo seminario. Señalan los recién publicados de la Comisión Económica para América Latina y la Secretaría de Economía, el Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el del CONEP y las últimas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Aunque tras las elecciones de mayo pasado el mismo presidente llegó a sugerir un posible pacto para la gobernabilidad, la idea parece haber caído en el vacío y el gobierno no ha concretizado nada al respecto.

Algunos adelantos

Algunos anuncios formulados por altos funcionarios indican que tienen conciencia de las medidas a adoptarse, y podrían ser considerados como adelantos de lo que viene. Por ejemplo el martes el director de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales, Radhamés Segura, dio por hecho que el subsidio a la energía será focalizado a los barrios más pobres por medio de la "Tarjeta Solidaridad" y lo mismo se ha dicho del subsidio al gas propano.

El programa de reducción de apagones, que se implementa desde el anterior gobierno, sería suprimido. También dijo que harán una división de las distribuidoras de energía Norte y Sur en manos del Estado, contemplándose la posibilidad de pasarla al sector privado "para su administración". Como parte de un programa de ahorro energético adelantó la próxima distribución de tres millones de bombillas debajo consumo.

Sin embargo, todas esas medidas y otras han sido objeto de repetidos anuncios por parte del gobierno, que al comenzar el período llegó a plantear concursos para la recapitalización privada de las dos distribuidoras de energía.

Por su parte el secretario de Agricultura, Salvador Jiménez, concluyó junio anunciando el pronto inicio de un "Programa de Apoyo a los Productores Nacionales" con el objetivo de enfrentar la crisis alimentaria internacional.

Al comenzar esta semana se dio por hecho la supresión del subsidio al gasoil para los transportistas, pero ya el jueves funcionarios gubernamentales concluyeron acuerdos con los transportistas que implican mantenimiento de subsidios y congelación de precios del gasoil y el gas licuado, entre otras concesiones para evitar las alzas de las tarifas.

Demandas y protestas

En el complejo panorama económico social asomaron esta semana mayores demandas y algunas protestas sociales y el gobierno abrió negociaciones no sólo con los transportistas que habían aumentando sus tarifas en las últimas semanas, acuciados por el incremento de los costos de los combustibles, sino también con el Colegio Médico que lleva más de 6 meses paralizando los hospitales públicos en reclamo de un reajuste salarial.

Los camioneros agrupados en la Federación Nacional de Transporte Dominicano iniciaron una escalada de protestas, paralizando por medio día sus servicios, tan pronto se anunció la supresión del subsidio al gasoil.

El Foro Social Alternativo y otras agrupaciones populares piquetearon la secretaría de Industria, anunciando otras movilizaciones en reclamo de reducción de los impuestos a los combustibles y un incremento salarial del 60 por ciento. Mientras el Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores pide duplicar los salarios de entre 8 y 10 mil 500 pesos de sus miembros en la secretaría de Obras Públicas.

También dirigentes de diversas centrales sindicales han anunciado próximas movilizaciones en reclamo de un reajuste salarial que el empresariado considera inviable en las actuales circunstancias, pero que ha sido incentivado por el reciente incremento del 50 por ciento en los sueldos básicos y gasto de representación de los diputados.-